El Ministerio de Consumo ha sancionado “por prácticas abusivas” a los inquilinos con una multa de 3,6 millones de euros a la empresa de gestión de alquileres de vivienda Alquiler Seguro, con una multa de 3,6 millones de euros. Este hecho se produce después de que la Confederación de Sindicatos de Inquilinas haya iniciado una campaña para organizar la primera huelga estatal de alquileres contra la empresa.
El ministro Pablo Bustinduy ha ratificado definitivamente la sanción hizo el pasado diciembre contra la empresa por "vulnerar los derechos de los consumidores aprovechando su posición de predominio de mercado", después de haberse resuelto el recurso de alzada que presentó la empresa de gestión de alquileres, y después de que la Dirección General de Consumo abriese un expediente sancionador a esta inmobiliaria por prácticas abusivas.
Así, el Gobierno ha manifestado que "una sanción grave y seis infracciones muy graves" han conllevado esta multa. En primer lugar, han explicado que se le sanciona por obligar a los inquilinos a firmar un contrato de seguro de hogar "en beneficio de la parte arrendadora" y que han impuesto una cláusula que obligaba al arrendatario a asumir los costes de reclamación de cualquier deuda.
De la misma forma, este martes, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha iniciado una campaña para organizar la primera huelga estatal de alquileres contra la empresa Alquiler Seguro, a la que acusa de mantener “prácticas sistemáticas y estructurales contrarias a la legalidad”. La iniciativa busca movilizar a miles de arrendatarias en todo el país tras años de denuncias, conflictos y procedimientos judiciales sin resolución inmediata.
El plan arranca con una fase de organización que incluye recorrer cerca de 30.000 viviendas gestionadas por la compañía en España. El objetivo es contactar directamente con las inquilinas, informarles de sus derechos y sentar las bases de una posible huelga colectiva. Según la Confederación, ya hay “cientos de familias organizadas”, muchas de ellas afectadas que han acudido al sindicato tras experiencias prolongadas de abuso.
Entre las principales denuncias figuran el cobro de honorarios presuntamente ilegales, la imposición de seguros vinculados y la contratación obligatoria de suministros con empresas del mismo grupo. También señalan prácticas como el cobro de hasta 200 euros por visitar una vivienda o la falta de
