El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso presentado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, contra el real decreto del Ejecutivo central que gestiona la regularización extraordinaria de migrantes. La impugnación fue formalizada por la Abogacía General de la Comunidad el pasado viernes, solicitando además la suspensión cautelar de la medida mientras se resuelve el fondo del asunto.
Tras la admisión a trámite, la Administración General del Estado dispone ahora de un plazo de cinco días para presentar alegaciones sobre las medidas cautelares solicitadas por el Ejecutivo autonómico. Será entonces cuando el alto tribunal valore si procede paralizar temporalmente la aplicación del decreto mientras se analiza su legalidad.
Desde el Gobierno madrileño han defendido su recurso alegando que la regularización puede afectar “gravemente” a la prestación de los servicios públicos en la región si no va acompañada de mecanismos adecuados de financiación. Además, sostienen que la medida podría contravenir normativa de la Unión Europea en materia migratoria y de control de fronteras.
En esta línea, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha criticado lo que considera “deficiencias” en el proceso impulsado por el Gobierno central. Entre ellas, ha señalado que el requisito de cinco meses de estancia para acreditar el arraigo o la posibilidad de regularizar a personas con antecedentes penales supone, a su juicio, un riesgo para la seguridad y una ruptura con los criterios europeos.
