El Tribunal Constitucional ha dado un paso decisivo para la aplicación de la Ley de Amnistía a los líderes del procés al considerar amnistiable el delito de malversación atribuido al exconseller Jordi Turull. La decisión supone un precedente para el resto de recursos pendientes y coloca ahora el foco sobre Carles Puigdemont, cuya situación judicial podría quedar desbloqueada si el criterio se aplica al expresident.
Según fuentes jurídicas consultadas por 'EFE', el Tribunal Constitucional ha tomado esta decisión después de que el magistrado conservador José María Macías retirara su ponencia, en la que defendía mantener el criterio del Supremo y rechazar la aplicación de la amnistía a los líderes del procés por el delito de malversación. Por ello, Macías elaborará ahora un nuevo texto para el pleno previsto el 6 de octubre, en el que deberá incorporar los argumentos de la mayoría favorable a estimar el recurso presentado por Jordi Turull. El pronunciamiento tendrá además una incidencia directa sobre la situación judicial de Carles Puigdemont.
Ese mismo día, el Constitucional abordará también la ponencia de su presidente, Cándido Conde-Pumpido, sobre el recurso de la exconsellera Dolors Bassa, que también plantea estimarlo. Los magistrados deberán determinar cuál de las dos resoluciones y, en concreto, qué argumentación jurídica, servirá para fijar el criterio que se aplicará posteriormente al resto de recursos de los condenados y procesados en rebeldía.
La resolución sobre Turull adquiere así una especial relevancia porque el recurso del exdirigente de Junts era el primero que debía resolver el Constitucional sobre la aplicación de la amnistía a la malversación. El criterio que establezca el tribunal podrá proyectarse sobre los recursos presentados por otros dirigentes independentistas, entre ellos Puigdemont.
El pronunciamiento llega después de que el Tribunal Supremo mantuviera la exclusión de la malversación de la amnistía en el caso de Puigdemont. El magistrado Pablo Llarena rechazó la semana pasada aplicar la medida de gracia al expresident y mantener la orden nacional de detención, aunque dejó abierta la posibilidad de revisar esta decisión si el Constitucional modifica el marco jurídico aplicable. Precisamente por ello, la decisión sobre Turull puede convertirse en la llave para el siguiente movimiento judicial sobre Puigdemont.
El Supremo mantiene el pulso mientras Llarena espera el fallo del Constitucional
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ya respaldó la aplicación de la amnistía y descartó la otra cuestión que había planteado el Supremo para oponerse a ella: que el referéndum ilegal hubiera perjudicado los intereses financieros de la Unión Europea.
En el Constitucional, sin embargo, la ponencia de José María Macías, magistrado del sector conservador, planteaba rechazar el recurso al considerar que las resoluciones del Supremo no habían incurrido en "arbitrariedad, irrazonabilidad manifiesta ni error patente". También sostenía que la interpretación sobre la malversación no había sido "sorpresiva o imprevisible" ni respondía a una supuesta animadversión contra el recurrente.
Mientras se resuelven los recursos de amparo de Turull, Puigdemont, Junqueras, Romeva y Bassa, el Supremo mantiene por ahora su negativa a aplicar la amnistía al expresident. Llarena rechazó además levantar la orden nacional de detención contra Puigdemont y sostuvo que el pronunciamiento del TJUE no resolvía la cuestión del supuesto beneficio personal vinculado a la malversación.
La decisión del Constitucional sobre Turull puede acelerar ahora el desenlace. Fuentes del Supremo citadas por Europa Press señalan que Llarena prevé estudiar la sentencia en cuanto se conozcan sus argumentos y, si considera que el criterio es extensible al resto de procesados, podría decidir sobre la amnistía de Puigdemont sin esperar a que el Constitucional resuelva su propio recurso.
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