El Tribunal de Instancia de Madrid ha invitado este viernes a la pareja de la presidenta de la Comunidad de madrid, Alberto González Amador, buscar una conformidad antes de la apertura de juicio oral en la causa que le investiga por un presunto delito de fraude fiscal. En este sentido, la jueza, Lourdes Platero, concreta los medios de prueba admitidos para las partes y deja la causa pendiente exclusivamente de la fijación de la fecha del juicio.
Según ha adelantado 'Cadena Ser', la magistrada recuerda a Amador que "para el caso de que sea POSIBLE DICTAR SENTENCIA DE CONFORMIDAD se requiere al acusado a fin de que activen el PROTOCOLO DE CONFORMIDAD a través de la página web DEL ICAM O SE PONGAN EN CONTACTO CON LA FISCALÍA, a fin de evitar citaciones y desplazamientos innecesarios de testigos y peritos".
La UCO vuelve a chocar con obstáculos en la investigación
El magistrado Antonio Viejo que investiga el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, por un presunto delito de corrupción en los negocios, solo ha permitido que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, tenga acceso a las cuentas de Amador–19 cuentas bancarias– y del resto de investigados–90 del director general de Quirón Prevención, Fernando Camino y de su esposa, Gloria Carrasco–pero ha negado que los agentes puedan consultar la información tributaria y los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social, algo que aseveran es “indispensable”.
En este sentido, la UCO ha respondido al auto del juez del 10 de junio señalando, según ha avanzado la 'Cadena SER', la importancia de disponer de la información de la Agencia Tributaria relativa a las personas físicas y jurídicas presuntamente vinculadas a los hechos investigados. A su juicio, el acceso simultáneo a la documentación fiscal y bancaria resulta "indispensable" para reconstruir con precisión la actividad económica analizada.
Según exponen en su informe, ambos tipos de documentación son complementarios y deben examinarse de manera conjunta para identificar posibles incoherencias, detectar movimientos económicos no declarados y contextualizar adecuadamente las operaciones financieras realizadas. Solo mediante ese análisis cruzado, añaden, es posible apreciar las "similitudes" y "diferencias" entre los distintos registros y localizar eventuales "flujos no declarados" o incompatibles con la realidad económica de los investigados.
Asimismo, la UCO advierte de que la falta de acceso a datos fiscales limita de forma significativa su capacidad para completar el informe requerido. Los investigadores sostienen que esa información es clave para determinar si los beneficios obtenidos de las supuestas actividades ilícitas pudieron haber sido transformados o encubiertos con el objetivo de ocultar su procedencia, así como para comprobar si se produjo un "incremento desmedido" del patrimonio de los investigados o de personas de su entorno cercano.
La postura de la UCO ha sido respaldada por la Fiscalía, que ha incorporado este informe —remitido al juzgado el pasado 17 de junio— a un recurso de apelación presentado ante la Audiencia Provincial. El Ministerio Público solicita que se revoque la decisión del magistrado y se autorice el acceso de los investigadores al conjunto de la documentación requerida para avanzar en las pesquisas.
La investigación sobre el patrimonio de Alberto González Amador ha estado marcada por retrasos en la tramitación judicial. En junio de 2025, la entonces titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, María Inmaculada Iglesias, encargó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la elaboración de un informe para analizar posibles incrementos patrimoniales relacionados con los hechos que se investigan en una pieza separada por presunta corrupción en los negocios. Sin embargo, tras la jubilación de la magistrada y la llegada de Antonio Viejo al frente del juzgado en octubre, la orden no llegó a la UCO hasta noviembre.
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