El jefe de la delegación de Vox en Europa, Jorge Buxadé, ha afirmado que no considera planteable el escenario de que el Tribunal Constitucional (TC) obligue a repetir elecciones, incluso en el hipotético caso de que declarase ilegal el fallo del Tribunal Supremo que suspende el derecho al voto de los nacionalizados por la llamada 'ley de nietos', una norma que prevé dar la nacionalidad a los descendientes de los huidos de la guerra.
En una entrevista en 'Cuatro', el eurodiputado de Vox ha cuestionado además que se hayan vulnerado derechos tras el auto del Supremo, al preguntar: “Ya me dirán qué derechos fundamentales de la administración pública han sido vulnerados”.
Cruce de reproches al Constitucional y al Gobierno
Durante la entrevista, Jorge Buxadé ha cargado contra el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, al que ha acusado de que “trabaja para los intereses del PSOE y del Gobierno”. En esa misma línea, ha defendido que su partido sigue ganando la “batalla” en torno a la denominada 'ley de nietos', con jueces que, según ha dicho, “no se han dejado presionar por el ministro” Félix Bolaños ni por “ninguno de los miembros del Ejecutivo”.
Preguntado por si el Tribunal Constitucional podría ordenar la repetición de las elecciones si apreciara ilegalidad, Buxadé ha respondido que ese escenario no se lo plantean, porque, a su juicio, “no hay ninguna duda” de que la instrucción del Ministerio de Justicia para nacionalizar a través de la llamada 'ley de nietos' cambió el sentido de la norma.
La interpretación de Vox sobre la instrucción de Justicia
El dirigente de Vox ha sostenido que es “imposible que un tribunal en su sano juicio diga que eso es legal”, al considerar que el Gobierno “alteró el sentido de la ley” al conceder la nacionalización de forma masiva a personas que, según su interpretación, no cumplen los requisitos establecidos en la ley aprobada por las Cortes Generales con el voto del PSOE.
En ese contexto, Jorge Buxadé ha remarcado que el Tribunal Constitucional no puede entrar a valorar la legalidad de la decisión del Tribunal Supremo, sino únicamente examinar si en el auto se ha producido o no una vulneración de derechos.
