La Justicia, como la mujer del César, no sólo debe ser imparcial. También debe parecerlo.
Es una idea sencilla, pero constituye uno de los pilares del Estado de Derecho. De hecho, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lleva décadas recordando que la confianza pública en los tribunales es tan importante como la propia independencia judicial. No basta con que un juez sea (aparentemente) imparcial; los ciudadanos deben percibirlo como tal.
Por eso la pregunta que hoy cabe formular no es si el magistrado Santiago Pedraz ha cometido irregularidad alguna, que eso es asunto de los propios jueces, poco amigos de juzgarse entre ellos (perro no come perro), aunque haya evidencias demoledoras que, quizás, debieran investigarse, pese a que el implicado, Santiago Ferraz, sea un compañero. La cuestión es otra: si la acumulación de controversias que rodean al juez del denominado “Caso Leire” hace aconsejable que otro juez asuma la instrucción para proteger la credibilidad de la investigación. Si es que le queda credibilidad.
La última polémica tiene como protagonista a Carmen Pano
El auto que dio origen a una parte muy sustancial de la investigación asumía como relevante la versión de Pano sobre un supuesto ofrecimiento económico (de 50.000 euros) destinado a que modificara o matizara determinadas declaraciones públicas. Sin embargo, en las últimas horas han aparecido mensajes, audios y reconstrucciones cronológicas aportadas por la abogada Leticia de la Hoz que cuestionarían la secuencia temporal sobre la que se construyó aquella conclusión. En plata: De la Hoz grabó a Carmen Pano y su grabación aportada desautoriza su versión de que se le ofreciera dinero, sino que el encuentro giró sobre un presunto ofrecimiento por parte de Pano de un fraude fiscal en hidrocarburos. Y está grabado.
No corresponde a un periodista determinar quién tiene razón. Para eso están los tribunales, que deberían escuchar los audios de Pano grabados por De la Hoz y sacar sus conclusiones, si quisieran hacerlo. Preferiblemente, deberían hacerlo antes de redactar sus autos o atestados. Salvo que tengan otras motivaciones distintas a la verdad. Como, por ejemplo, derribar a un gobierno y seguir el mantra de “el que pueda hacer que haga”. Si es que esa fuera su motivación, que, sin duda, sería espúrea.
Pero sí resulta legítimo preguntarse si una acusación de semejante gravedad debería descansar exclusivamente sobre el testimonio de una persona cuya credibilidad está siendo impugnada con documentación, grabaciones y comunicaciones contemporáneas de los hechos. Una persona imputada en otro juicio, casualmente, del mismo juez. Santiago Pedraz, el caso Hidrocarburos.
La cuestión adquiere mayor relevancia porque Carmen Pano no es una testigo cualquiera. Se trata de la exsuegra de un testigo, también imputado, como ella, el señor Aldama. Un testigo que resulta ser un delincuente confeso (pues ha confesado sus delitos) al que le han encontrado más de 70 millones de euros pero al que le sacan de la cárcel (donde estaba por la misma trama de Hidrocarburos que salpica a Pano) aparentemente por señalar a gente próxima al Gobierno, y al que, aún habiendo confesado pagar a políticos por hacer negocio de una pandemia que mató a millones de personas, o sea, ser un corruptor confeso, le piden tres veces menos pena que a los presuntos corrompidos. Un incentivo claro.
Pano (como su exyerno Aldama) es una persona investigada en la macrocausa de los hidrocarburos, una de las mayores investigaciones económicas abiertas actualmente en la Audiencia Nacional, relacionada con un fraude de centenares de millones de euros del IVA.
Y aquí aparece un segundo elemento.
El mismo magistrado que instruye el Caso Leire, el tal Santiago Pedraz, es también el juez que ha dirigido actuaciones relevantes en procedimientos donde aparece la propia Carmen Pano. Nada de ello implica irregularidad alguna. Pero sí obliga a extremar las cautelas cuando la credibilidad de determinados testimonios se convierte en pieza esencial de una investigación políticamente explosiva.
A todo ello se suman otros episodios que han alimentado el debate público.
En los últimos días se han difundido imágenes y publicaciones periodísticas que reflejan una relación personal conocida de amistad íntima (y reconocida) entre el juez Pedraz y el abogado Javier Gómez Bermúdez, defensor de Carmen Pano. Suelen ir juntos con mucha frecuencia a un bar sito en la Calle Almagro, 10, según ha quedado documentado con fotografías y vídeos. Naturalmente, jueces y abogados pueden mantener relaciones de amistad. Incluso íntima y muy frecuente, como es el caso. Nadie discute eso.
Si había conflicto de intereses en el Caso Hidrocarburos, imaginaos el que hay ahora entre el abogado Gómez Bermúdez, que representa a Carmen Pano, y el juez que instruye la causa, Santiago Pedraz.
— Diego 🌿 (@DiegoRBCA) May 27, 2026
De cañas y vinos hace un año 👇 pic.twitter.com/32buAMiAwl
Lo relevante no es la amistad.
Lo relevante es cómo puede percibirse esa amistad cuando el abogado representa a protagonistas cruciales de varios procedimientos concurrentes de enorme trascendencia pública y cuando el mismo juez debe tomar decisiones que afectan directa o indirectamente a esas causas, donde del bar se pasa a la sala, y de la sala, al bar.
La jurisprudencia europea es clara en este punto: la apariencia objetiva de imparcialidad importa. Y la amistad, relación o incluso contacto durante los procedimientos entre juez y abogado de las partes es, en muchos casos, causa objetiva de recusación. Si se recusa a jurados simplemente por conocer a alguna de las partes del juicio del que tienen que deliberar, ¿por qué no a jueces que mantienen amistad íntima con la defensa de imputadas como Pano?
También, y probablemente esto sea lo más grave, existen grabaciones históricas realizadas por el excomisario José Manuel Villarejo en las que menciona a Santiago Pedraz durante conversaciones relacionadas con la corrupción de hasta 4 jueces (además del propio Pedraz) de la Audiencia Nacional.
¿Para qué querría el PSOE a Leire Díez si todo está ya en internet?
— αnhgi 🇪🇸🫶🇪🇺 (@Anhgi_) May 27, 2026
Aquí tenéis el audio:
Villarejo, Fernández Díaz y Eugenio Pino en el que el ex comisario cuenta que ya había hablado con Pedraz para “¿tocar?” jueces dentro del caso Kitchen.
Escuchadlo vosotras mismas 👇 pic.twitter.com/GXzgEwNEVr
La existencia de esas referencias no demuestra por sí sola, hasta que se pruebe en un juicio que nadie se atreve a instruir, ninguna conducta impropia del magistrado. Pero contribuye a aumentar la controversia y la percepción pública de proximidad a entornos que durante años han sido objeto de intenso debate político y judicial.
Quizá ninguno de estos elementos, considerado de forma aislada, justificaría que se apartase del juicio. O quizá cada uno de ellos es causa suficiente para apartarse, prudentemente, de un caso en el que las apariencias concurrentes señalan connivencia tanto con un partido político como con el abogado de una presunta delincuente.
Pero el problema surge cuando todos ellos se acumulan.
Una testigo cuya credibilidad es discutida documentalmente.
Un procedimiento con enorme carga política en una sociedad muy polarizada.
Relaciones personales íntimas y documentadas con fotos en la calle Almagro, número 10, de Madrid, sometidas a escrutinio público.
Grabaciones donde imputados en la Kitchen, como el comisario Villarejo, señalan junto al ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, Eugenio Pino, en su reporte al ex ministro del Interior del PP, Jorge Fernández Díaz, que el juez Santiago Pedraz era el interlocutor de la trama Kitxen en la Audiencia encargado de asegurarse de que el caso Gürtel fuera asignado a alguno de los otros cuatro jueces de la Audiencia Nacional “tocados” por el Partido Popular. Grabación en la que el propio exministro les ordena que nunca salga a la luz su conversación.
Y una creciente discusión social sobre determinadas decisiones procesales.
La pregunta ya no es si Santiago Pedraz es imparcial.
La pregunta es si, en estas circunstancias, la sociedad puede seguir percibiendo esa imparcialidad sin reservas. No es la única (habría que preguntarse por qué ningún juez investiga esos serios indicios de corrupción en su colega Pedraz), pero es la más relevante
Porque cuando una investigación afecta a la credibilidad de las instituciones, proteger la apariencia de neutralidad puede ser tan importante como proteger la neutralidad misma.
Y a veces la mejor manera de defender a la Justicia es evitar que la sombra de la duda (o la certeza) termine proyectándose sobre ella y demostrándola corrupta hasta el tuétano. Nos jugamos la democracia y el estado de derecho.
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