La exclusiva que ha publicado este lunes ElConstitucional.es, en el día del arranque de este nuevo periódico que lucha contra la desinformación y por la verdad -moleste a quien moleste-, lo deja claro. Lo de Ayuso con la sanidad no es, en absoluto, esa “cooperación público-privada” de la que tanto ella como todo su Ejecutivo madrileño hacen sistemáticamente gala. No. Es negocio. Y así lo ve tanto ella, la presidenta de la Comunidad de Madrid, como una familia, la suya, que ha vivido -en buena parte- del negocio sanitario.
Bajo este contexto, tal y como publicamos en ElConstitucional.es, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mantiene en su inmueble de 90 metros cuadrados, situado en Chamberí -y que figura en la declaración de bienes presentada por la propia Ayuso-, la sede social de la empresa Ayuso Lahoz, S.L. que tiene por objeto social “el comercio interior y exterior, explotación, distribución de aparatos y material fungible y consumibles de equipamiento médico”.
Así, tal y como ha podido certificar el periódico que dirijo, a través de un informe elaborado por la consultora Axesor a fecha 10 de enero del 2026, la líder del Ejecutivo madrileño mantiene en su nuda propiedad el domicilio social de una empresa con “indicios de inactividad” -como se desprende del informe- pero sí con obligaciones tributarias y participada por familiares directos.
El que Díaz Ayuso mantenga en 2026 la empresa Ayuso Lahoz, S.L. registrada en su domicilio de Chamberí contrasta con el cierre -a finales del 2023- de Sismédica S.L., una sociedad limitada que, como publicó ElPlural.com, se dedicaba al alquiler de bienes inmobiliarios y de la que la presidenta de la Comunidad de Madrid poseía el 50% de la empresa junto a su hermano Tomás Díaz Ayuso, que poseía el otro 50%.
Ciertamente, por ser honestos con la verdad, el que la mandataria madrileña tenga en su domicilio la sede social de una empresa dedicada a la venta de material sanitario no representa, de por sí, un hecho ilegal ni, consecuentemente, delictivo. Pero es evidente que sí demuestra cuál es su concepción de la sanidad. Y es la de negocio. Que, además, no esconde. Sin disimulo lo muestra.
Por tanto, la presidenta de la Comunidad de Madrid no ve la sanidad como esa “cooperación público-privada” que tanto ensalza y que, ojo, yo defiendo. Creo sinceramente que lo público debe colaborar con lo privado para mejorar tal servicio público. Y eso es legítimo: la mejora de lo público introduciendo el ‘expertise’ del mundo privado. Lo que no es legítimo es convertir lo público, lo de todos y todas, en un cortijo de lo privado. En un negocio. Cuyos resultados negativos ya se han visto, como ejemplo reciente, en el Hospital público de Torrejón de gestión privada, en el que el CEO de la empresa gestora -se escucha en un audio-, pidió a los altos mandos del hospital que priorizasen a los pacientes más rentables para mejorar los beneficios económicos de la empresa.
