El Gobierno ha alcanzado un acuerdo con Podemos para regularizar a 500.000 personas que viven aquí sin papeles. Se trata de medio millón de personas que hasta ahora vivían al margen de la ley, sin derechos básicos y con enormes dificultades para ejercer una vida digna. Y quiero ser muy claro desde el principio: estoy totalmente de acuerdo con esta medida, porque regularizar no es un favor, ni una generosidad, ni un guiño político. Regularizar es dignidad humana, es reconocer que estas personas existen, que trabajan, que aportan y que merecen derechos y obligaciones plenas. Legalizarlas significa darles un permiso de residencia y de trabajo, integrarlas en la economía formal, hacer que coticen, que consuman, que contribuyan y que también puedan acceder a servicios públicos básicos y a la protección social. Eso no solo es justo desde el punto de vista humano, también es positivo para la economía del país.
Esta iniciativa no surge de la nada, parte de una iniciativa legislativa popular impulsada por la sociedad, con el apoyo de más de mil organizaciones, entre ellas la Iglesia Católica, y que fue aprobada hace año y medio en el Congreso con el apoyo de todos los partidos, salvo uno: Vox. Sin embargo, durante su tramitación vimos algo revelador. El Partido Popular, que inicialmente apoyó la ILP, esta Iniciativa Legislativa Popular, cambió de posición y terminó aparcando la iniciativa por miedo a la reacción de Vox. Ahora, cuando el Gobierno la retoma junto con Podemos, el PP se opone de nuevo argumentando el ya familiar mantra del efecto llamada.
Y aquí es donde hay que recordar la historia real, no la versión que algunos quieren vendernos ahora. Porque hubo un tiempo en el que el mismo Partido Popular no solo no se preocupaba por el efecto llamada, sino que promovía regularizaciones masivas de inmigrantes durante los gobiernos de José María Aznar. Entre 1996 y 2001, el PP impulsó varias regularizaciones extraordinarias que beneficiaron a más de medio millón de personas en situación irregular. Es decir, el propio Partido Popular regularizó a cientos de miles de inmigrantes sin que en ese momento nadie vinculara eso al efecto llamada, ni hubiera la campaña de miedo que hoy se pretende imponer. Aquellas políticas tuvieron lugar bajo gobiernos del Partido Popular y no se argumentó entonces que regularizar fuera un problema.
Lo que sí hemos visto ahora es cómo ese argumento, el del efecto llamada, se ha convertido en un relato tomado directamente de la extrema derecha y usado como coartada para bloquear soluciones de integración justa y sensata. Este cambio en la postura del Partido Popular ante la inmigración no es anecdótico. Es político. Es la consecuencia de ceder al discurso de la ultraderecha, de comprar su marco argumental, de normalizar sus narrativas de miedo, exclusión y confrontación. El riesgo real es que, si se sigue haciendo ese seguidismo, la ultraderecha acabará imponiendo sus políticas racistas y xenófobas que no solo atacan a personas sin papeles, sino que erosionan derechos humanos fundamentales para todos.
Y eso no es una exageración. Aún hoy vemos ejemplos claros en otros países, como recientemente en Estados Unidos, donde los discursos contra la inmigración están asociándose a políticas que criminalizan y excluyen. Regularizar a estas 500.000 personas no es solo una medida de justicia social, sino también una decisión práctica y responsable. No solo les da derechos que ya merecen, sino que también incorpora su trabajo y su vida al circuito formal de la economía, con sus cotizaciones, con acceso a servicios básicos, con estabilidad. Gestionar la inmigración no es un problema que haya que temer, sino una realidad que hay que afrontar con responsabilidad y con humanidad, y regularizar a quienes ya viven entre nosotros es un paso en la dirección correcta. No podemos permitir que el miedo y los prejuicios de unos pocos decidan sobre la vida de cientos de miles de personas. Eso es lo que está en juego hoy.
