El Gobierno quiere llevar la regulación del juego a los resultados que devuelve un buscador de Internet. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dirigido por Pablo Bustinduy, ha puesto sobre la mesa una reforma de la Ley de Regulación del Juego que presta especial atención a la publicidad digital y a la manera en la que los usuarios llegan a las páginas relacionadas con apuestas y casinos.
La Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) abrió en mayo una consulta pública para modificar una ley que data de 2011. Quince años después, el escenario tiene poco que ver con aquel Internet. El móvil se ha convertido en la principal puerta de entrada a numerosos servicios digitales y los buscadores ocupan una posición decisiva a la hora de determinar qué páginas encuentra primero el usuario.
Entre las cuestiones incluidas en la reforma aparece expresamente la publicidad orgánica en los buscadores. El planteamiento de Consumo pasa por conseguir que las páginas publicitarias de operadores de juego solo aparezcan cuando la búsqueda realizada guarde una relación directa con las apuestas. La intención es reducir la exposición a este contenido de personas que, en principio, no estaban buscando servicios de juego.
Google entra en el terreno de la regulación
El cambio resulta relevante porque la regulación española ha incidido durante los últimos años en anuncios, promociones y comunicaciones comerciales, mientras que una búsqueda en Google plantea un escenario distinto. Allí conviven resultados patrocinados, páginas de operadores, medios informativos, comparadores y contenidos posicionados mediante técnicas SEO.
Una persona que quiera informarse antes de registrarse puede consultar, por ejemplo, una comparativa de casinos online regulados, además de acudir al registro oficial de operadores habilitados por la DGOJ. Esa diferencia entre información, publicidad y captación comercial será uno de los asuntos delicados si la reforma acaba concretándose en obligaciones para los buscadores.
El objetivo declarado por Consumo es adaptar la legislación a un mercado digital que ha evolucionado mucho más rápido que las normas que lo regulan. La propia DGOJ reconoce que la actualización busca reforzar los controles, mejorar la prevención y disponer de más herramientas frente al juego ilegal. La consulta pública también incluyó otros asuntos que llevan tiempo generando debate, como la utilización de famosos e influencers o las promociones destinadas a captar clientes.
El juego ilegal sigue en el punto de mira
La preocupación del Ministerio tampoco se limita a cómo se anuncia una casa de apuestas con licencia. Uno de los problemas está en las plataformas que intentan captar jugadores españoles sin disponer de la correspondiente autorización administrativa.
La DGOJ mantiene desde hace años un sistema de vigilancia de páginas accesibles desde direcciones IP españolas. Las investigaciones pueden iniciarse por denuncias y reclamaciones, pero también a partir de búsquedas realizadas en Internet y del seguimiento de redes sociales y otros sitios web.
Los últimos movimientos del regulador muestran que esta vigilancia tiene consecuencias prácticas. En mayo de 2026, la DGOJ abrió expedientes sancionadores contra Polymarket y Kalshi, dos plataformas de mercados de predicción que, según el organismo, ofrecían apuestas en España sin la habilitación administrativa exigida. Consumo ordenó, además, el bloqueo cautelar de sus páginas mientras se resuelve el procedimiento.
No era una actuación aislada. En mayo de 2025, el organismo hizo públicas sanciones firmes correspondientes al segundo semestre de 2024 por 77,39 millones de euros. De esa cantidad, 75 millones correspondían a catorce operadores extranjeros sancionados por infracciones muy graves relacionadas con la oferta de juego sin licencia.
De la publicidad a los algoritmos
La propuesta abre, al mismo tiempo, una discusión complicada. Un buscador no funciona como un bloque publicitario de televisión. Sus resultados dependen de algoritmos que valoran numerosos factores y de una frontera que a veces resulta difícil de dibujar entre contenido editorial, información comercial y publicidad.
Ahí estará una de las claves de la futura norma. Si Consumo pretende intervenir sobre la visibilidad de determinadas páginas, tendrá que definir con precisión qué contenidos quedan afectados y bajo qué circunstancias. Una búsqueda explícita sobre apuestas deportivas difícilmente puede equipararse a otra relacionada con los resultados de un partido, aunque ambas puedan terminar mostrando páginas vinculadas al sector.
También habrá que comprobar cómo se coordina la legislación española con las obligaciones europeas que afectan a las grandes plataformas y motores de búsqueda. La cuestión trasciende al juego, toca directamente la forma en la que se organiza y presenta la información en Internet.
Una reforma que va más allá de Google
La modificación de la Ley del Juego forma parte de una política más amplia impulsada por el departamento de Bustinduy. Consumo trabaja asimismo en herramientas de detección temprana de comportamientos de riesgo y quiere reforzar las advertencias dirigidas a los jugadores.
El marco de protección ya obliga a los operadores autorizados a ofrecer información sobre juego seguro, autoprohibición, límites de depósito y asistencia. Además, la normativa contempla mensajes periódicos durante determinadas sesiones y el acceso del usuario a resúmenes de su actividad.
El siguiente frente está en el momento en el que alguien escribe unas palabras en Google y recibe una lista de resultados. Consumo quiere que ese escaparate digital también quede sometido a reglas específicas.
La consulta pública fue el inicio del recorrido legislativo, no la aprobación definitiva de esas medidas. Queda por conocer la redacción que finalmente adopte la reforma y, sobre todo, cómo se trasladará una idea aparentemente sencilla a un ecosistema de búsquedas donde publicidad, posicionamiento e información compiten por aparecer en la misma pantalla.
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