Durante años, el compliance estuvo asociado principalmente a grandes compañías, sectores especialmente regulados y departamentos jurídicos. Sin embargo, el escenario empresarial ha cambiado. Las organizaciones tienen que hacer frente a un número cada vez mayor de obligaciones y riesgos, mientras que las consecuencias de un incumplimiento pueden ir mucho más allá de una sanción económica.
Una investigación penal, la pérdida de confianza de los clientes, el deterioro de la imagen corporativa o la salida de inversores son algunos de los efectos que puede desencadenar una deficiente gestión de los riesgos. Por ello, anticiparse a los problemas se ha convertido en una cuestión estratégica y no únicamente jurídica.
En este contexto, la figura del Compliance Officer ha adquirido un protagonismo creciente. Su función ya no consiste únicamente en interpretar la legislación, sino también en identificar riesgos, revisar procedimientos, supervisar controles y contribuir a que las obligaciones normativas se integren en el funcionamiento cotidiano de la empresa.
Un mercado profesional en crecimiento
La evolución de esta actividad también se refleja en el mercado laboral. El sector Tax & Legal empleaba a 371.000 personas en España al cierre de 2025, lo que representa el 1,7% del empleo total, según el Informe de Tendencias Salariales 2026 de Randstad Research. El estudio incluye, entre otros perfiles, los de abogado, compliance officer, tax manager y director de asesoría jurídica.
Las bandas salariales analizadas por Randstad muestran además el grado de especialización que pueden alcanzar estos perfiles. Dependiendo del puesto, la experiencia, las responsabilidades y la ubicación, las retribuciones pueden partir de aproximadamente 20.000-30.000 euros anuales en posiciones iniciales y alcanzar entre 80.000 y 100.000 euros en determinados puestos con más de seis años de experiencia.
Más allá de las cifras salariales, el crecimiento de estas funciones responde a una necesidad concreta de las compañías: prevenir un problema jurídico puede tener un impacto económico considerablemente menor que solucionarlo una vez que se ha producido.
Un sistema de compliance permite precisamente trabajar con una lógica preventiva. Identificar los riesgos, establecer controles, comprobar que funcionan y corregir las deficiencias antes de que deriven en infracciones forma parte de una estrategia orientada a reducir la exposición de la empresa.
Los canales de denuncia, una nueva obligación para muchas empresas
Uno de los ámbitos que ha reforzado esta necesidad es el de los sistemas internos de información. La Ley 2/2023 establece que las empresas privadas con 50 o más trabajadores deben disponer de un sistema interno de información, con determinadas excepciones y particularidades previstas por la propia norma.
Estos sistemas deben garantizar, entre otros aspectos, la confidencialidad de la identidad del informante y la protección de sus datos, además de contar con procedimientos para gestionar las comunicaciones y con una persona responsable de su funcionamiento. La normativa también permite, en determinados supuestos, que empresas de entre 50 y 249 trabajadores compartan estos sistemas.
La existencia de un canal, por tanto, no debería entenderse como un mero requisito administrativo. Su verdadera utilidad está en permitir que una organización conozca posibles irregularidades antes de que estas se conviertan en un problema mayor.
Una comunicación interna sobre una conducta irregular puede activar una investigación y permitir adoptar medidas correctoras. Si el sistema funciona adecuadamente, la compañía dispone de una oportunidad para actuar antes de que el conflicto termine en una sanción, un procedimiento judicial o una crisis pública.
La inteligencia artificial incorpora nuevos riesgos
La expansión de la inteligencia artificial está ampliando todavía más el mapa de riesgos que deben controlar las empresas. La normativa europea introduce obligaciones específicas que afectan a determinados proveedores y responsables del despliegue de sistemas de IA.
En concreto, desde el 2 de agosto de 2026 resultan aplicables las obligaciones de transparencia del artículo 50 del Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea. Estas incluyen, entre otros aspectos, informar a las personas cuando interactúan directamente con determinados sistemas de IA y establecer mecanismos para identificar determinados contenidos generados o manipulados mediante inteligencia artificial.
La Comisión Europea también señala obligaciones relacionadas con determinados deepfakes, contenidos generados por IA sobre asuntos de interés público y sistemas de reconocimiento de emociones o categorización biométrica.
Para las empresas, esto implica que el uso de herramientas de inteligencia artificial debe incorporarse también al análisis de riesgos. No basta con preguntarse qué puede hacer una determinada tecnología: también es necesario determinar qué información utiliza, qué decisiones puede afectar, qué controles deben aplicarse y qué obligaciones legales existen.
Del departamento jurídico a la estrategia empresarial
La evolución del compliance está provocando que esta función se aleje progresivamente de una visión exclusivamente jurídica. Protección de datos, prevención del blanqueo de capitales, anticorrupción, ciberseguridad, canales de información, competencia o inteligencia artificial forman parte de un mapa de riesgos que afecta a distintos departamentos.
Por eso, el Compliance Officer necesita conocer cómo funciona realmente la organización. Debe identificar dónde pueden producirse los incumplimientos, evaluar su probabilidad e impacto, establecer controles y comprobar periódicamente que estos siguen siendo eficaces.
La World Compliance Association señala precisamente que las responsabilidades de este profesional incluyen funciones de seguimiento, control, implementación, formación y comunicación con los órganos de gobierno de la empresa.
Esta perspectiva convierte al compliance en una herramienta de gestión. El objetivo no es únicamente evitar que una empresa incumpla una norma, sino crear mecanismos que permitan detectar, gestionar y corregir los riesgos de forma sistemática.
La formación gana importancia ante un entorno regulatorio cambiante
En este escenario, la especialización profesional adquiere una importancia creciente. Las normas evolucionan con rapidez y las empresas necesitan perfiles capaces de interpretar los cambios y trasladarlos a procedimientos concretos.
La World Compliance Association cuenta con una certificación profesional que acredita competencias para diseñar, implementar, supervisar y mejorar sistemas de compliance. Su evaluación incluye materias como gestión de riesgos, sistemas de gestión antisoborno, auditoría, canales de denuncia e investigaciones internas, protección de datos y funciones y responsabilidades del Compliance Officer.
La formación especializada permite, además, conectar el conocimiento normativo con su aplicación práctica. En este sentido, programas como el Curso de Compliance Officer con Certificación WCA buscan preparar a profesionales para afrontar las distintas áreas que intervienen en la gestión del cumplimiento normativo y los riesgos corporativos.
La propia certificación de la WCA contempla entre sus requisitos tanto la experiencia profesional relacionada con compliance como determinadas horas de formación especializada, lo que refleja la importancia de combinar conocimientos y experiencia para desempeñar esta función.
Prevenir antes que reaccionar
El cambio de enfoque es, en definitiva, sencillo: una empresa no debería esperar a recibir una sanción, afrontar una investigación o sufrir una crisis reputacional para revisar sus sistemas de control.
La prevención pasa por identificar los riesgos, establecer protocolos, formar a los trabajadores, habilitar canales de información eficaces, supervisar los controles y actualizar los procedimientos cuando cambia la normativa.
En un entorno empresarial cada vez más regulado, el compliance deja así de ser una función secundaria para convertirse en una herramienta de prevención y gestión. La incorporación de profesionales especializados permite transformar las obligaciones legales en procesos concretos y, sobre todo, anticiparse a problemas que pueden tener un elevado coste económico y reputacional.
Porque cumplir la normativa ya no consiste únicamente en conocer las leyes. Consiste en saber qué riesgos generan para una organización, cómo prevenirlos y cómo actuar cuando aparecen.
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