La Diócesis de Málaga ha anunciado que compensará económicamente a las cuatro mujeres que fueron víctimas de agresiones sexuales por parte de un sacerdote condenado recientemente por la Justicia, aunque al mismo tiempo analizará la posibilidad de recurrir la decisión judicial que la considera responsable civil subsidiaria en el caso.
El anuncio lo ha realizado este miércoles el obispo de Málaga, José Antonio Satué, durante una comparecencia ante los medios en la que ha fijado la posición de la Iglesia tras la sentencia que impone al sacerdote una pena de 52 años de prisión.
Durante su intervención, Satué ha trasladado una petición de perdón a las víctimas y expresó la condena de la institución eclesiástica ante lo ocurrido. "Los hechos nos avergüenzan profundamente", ha afirmado el prelado, quien defendió la necesidad de asumir una reparación hacia las afectadas por el daño sufrido.
La resolución judicial establece que las cuatro mujeres deberán ser indemnizadas con un total de 403.129 euros por las secuelas psicológicas y los perjuicios morales derivados de los hechos. Aunque la sentencia todavía no es definitiva, la Diócesis ha avanzado que procederá al pago de las compensaciones con el objetivo de reconocer el sufrimiento de las víctimas.
"Somos conscientes de que ninguna reparación puede sanar el daño", ha señalado Satué, quien ha añadido que la Iglesia espera que esta medida sirva para trasladar a las afectadas "el reconocimiento y la cercanía de la Iglesia".
El sacerdote fue condenado por cuatro delitos de agresión sexual, tres de ellos con penetración, así como por cuatro delitos continuados de descubrimiento y revelación de secretos. Según la sentencia, los abusos fueron grabados por el propio acusado y las imágenes fueron descubiertas posteriormente por su pareja sentimental en un ordenador del domicilio que ambos compartían en Melilla.
Mientras la Iglesia confirma su disposición a afrontar la indemnización a las víctimas, la Diócesis mantiene abierta la posibilidad de impugnar la parte de la sentencia que la obliga a responder económicamente como responsable civil subsidiaria de los actos cometidos por el sacerdote.
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