La economía basada en el conocimiento se ha convertido en un objetivo prioritario para los países y las regiones, ya que su asunción supone mayores niveles de competitividad y desarrollo y más resistencia a crisis en términos de renta, productividad y empleo. Este modelo implica transitar de uno tradicional a uno que requiere utilizar recursos productivos más cualificados como la investigación, la innovación, la tecnología o el talento humano. Su consolidación en un territorio depende de múltiples factores como las políticas públicas de inversión, la composición de su tejido empresarial o el capital humano dedicado a la I+D+I.
Y Andalucía ha decidido jugar una partida de largo recorrido hacia esa economía del conocimiento. Y lo hace con una cifra que marca la magnitud de la apuesta: 1.591 investigadores y técnicos incorporados o en proceso de incorporación al sistema andaluz de I+D, con una inversión pública cercana a los 138 millones de euros.
Detrás del dato hay una estrategia. Y, sobre todo, una intención política clara: reforzar el músculo científico de la comunidad, rejuvenecer plantillas, estabilizar carreras investigadoras y evitar que el talento formado en casa termine desarrollando su potencial fuera.
La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía ha convertido la captación y retención del talento en uno de los ejes centrales de la legislatura. El objetivo no es solo académico: se trata de consolidar un modelo productivo más competitivo, menos vulnerable a las crisis y sustentado en investigación, innovación y tecnología.
Desde 2022, el Ejecutivo andaluz ha impulsado distintas convocatorias —algunas ya resueltas y otras en fase de tramitación— que permitirán incorporar casi 1.600 profesionales al sistema andaluz del conocimiento. La mayoría de ellos tendrá como destino las nueve universidades públicas andaluzas, responsables del grueso de la producción científica regional.
La estrategia abarca todas las fases de la carrera investigadora: desde quienes comienzan su tesis doctoral hasta científicos con trayectoria internacional consolidada.
De esos recursos humanos contabilizados, 428 plazas corresponden a investigadores vinculados a los programas de ayudas de formación predoctoral, contratación posdoctoral y Emergia —éste último enfocado a la captación de trayectorias más consolidadas— lanzados por la Consejería de Universidad en régimen de concurrencia competitiva.
En el primer escalón se sitúan 192 jóvenes investigadores en formación que, gracias a las ayudas predoctorales que se conceden durante cuatro años, están desarrollando o lo harán en los próximos meses sus tesis doctorales en nueve universidades públicas y en organismos, fundaciones y centros públicos de I+D. Estas subvenciones están cuantificadas en 21,28 millones. Es la base de la pirámide científica: formar hoy a quienes liderarán mañana los grupos de investigación.
El siguiente peldaño lo ocupan 194 investigadores doctores que acceden a contratos posdoctorales de tres años, dotados con 26,44 millones de euros. El objetivo pasa por favorecer su carrera profesional y fortalecer con nuevo talento los grupos de I+D de las entidades donde se incorporan. Pero aquí hay una novedad relevante: las universidades públicas asumen el compromiso de convocar plazas de ayudante doctor al finalizar las ayudas, conforme a los criterios establecidos por la Consejería de Universidad. Es decir, no solo se financia el contrato temporal; se abre una puerta real a la estabilización.
En la cúspide del sistema se sitúan los 42 científicos de relevancia internacional incorporados mediante el programa Emergia con una inversión por parte del Ejecutivo autonómico de 10,14 millones de euros. Se trata de perfiles consolidados, muchos de ellos con experiencia fuera de Andalucía, que encuentran en esta convocatoria una vía para desarrollar o recuperar su carrera investigadora en la comunidad. El programa incluye también compromiso de estabilización, un elemento clave para atraer talento senior.
El engranaje menos visible: 80 millones para técnicos
Sin embargo, la investigación no avanza solo con investigadores principales. Necesita técnicos de laboratorio, especialistas en gestión de proyectos, perfiles que sostengan la arquitectura administrativa y científica de la I+D.
Por eso, la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha destinado 50 millones de euros a la contratación de 863 técnicos de apoyo y gestión en las universidades públicas andaluzas. Son contratos de dos años dirigidos a jóvenes desempleados menores de 30 años con titulación universitaria o de formación profesional.
A esta cifra se suman alrededor de 300 jóvenes más que podrían incorporarse a centros, fundaciones e institutos públicos de investigación a través de una convocatoria lanzada a finales del pasado año y actualmente en evaluación. Una medida que persigue el doble objetivo de mejorar la empleabilidad de los menores de 30 años y, al mismo tiempo, reforzar la actividad de las entidades a las que se incorporan.
En total, en torno a 80 millones de euros dedicados a reforzar ese tejido técnico que, aunque menos visible, resulta imprescindible para que los proyectos científicos se ejecuten, justifiquen y escalen.
En todos estos programas centrados en el refuerzo de los recursos humanos empleados en la ciencia andaluza, la Consejería de Universidad ha contado con recursos propios o bien con la cofinanciación europea, a través del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) para el periodo 2021-2027.
Cobertura de toda la carrera investigadora
La I+D constituye un área de alto interés para la comunidad, ya que ambas promueven el progreso y bienestar de la sociedad y están estrechamente ligadas a la competitividad empresarial y, por tanto, al desarrollo económico de la comunidad. Por eso, apoyar al talento investigador capaz de hacer aportaciones valiosas a la ciencia andaluza desde el inicio hasta la consolidación de su trayectoria constituye una prioridad.
En definitiva, la Consejería de Universidad realiza ese acompañamiento mediante estos cuatro grandes programas: el dirigido a la incorporación en las instituciones académicas públicas de jóvenes investigadores y personal técnico de apoyo y de gestión de la I+D, el segundo está orientado a la formación predoctoral, el tercero persigue la contratación de investigadores con el título de doctor y el cuarto hace referencia a la línea Emergia.
Proyección internacional: la vía Fulbright
Pero la apuesta por el talento no se limita al ámbito autonómico. Al margen de este apoyo al personal dedicado a la investigación, la Consejería de Universidad ha posibilitado que desde 2022 un total de 49 graduados universitarios y jóvenes investigadores procedentes de las universidades públicas andaluzas puedan completar su formación académica y científica en destacadas instituciones de educación superior y centros de investigación de EE.UU, con una inversión global de 2,14 millones de euros.
Este tipo de ayudas específicas para jóvenes andaluces con currículos brillantes posibilitan que los destinatarios puedan llevar a cabo estudios de máster o estancias de investigación predoctoral en el marco de sus programas de doctorado o de carácter posdoctoral.
La duración de las becas es variable, contemplando periodos de entre seis y doce meses, en el caso de las estancias para investigadores predoctorales, y de entre uno o dos años de duración para los estudios de máster. Los perfiles seleccionados responden a una amplia diversidad de áreas de especialización, que abarcan desde las ciencias de la salud, la biomedicina y la biotecnología, hasta la ingeniería, las humanidades, las ciencias sociales, la filosofía, la traducción o los estudios medioambientales.
La mayoría de las instituciones académicas y centros de destino en los que se desarrollan estas experiencias formativas suelen incluirse en los principales rankings académicos internacionales, destacando, entre otras, la Universidad de Harvard (Massachusetts), la Universidad de California (Berkeley, San Diego, Irvine o Santa Bárbara), la de Cornell, la de Chicago, la de Nueva York o la Johns Hopkins.
Más allá de los números, la cuestión de fondo es estructural: si Andalucía quiere competir en una economía basada en el conocimiento, necesita capital humano cualificado, estabilidad profesional y capacidad para atraer talento externo sin perder el propio. Con 1.591 incorporaciones y casi 138 millones de euros movilizados, el Ejecutivo andaluz ha puesto cifras a esa ambición
