El Gobierno de Aragón ha retirado este lunes la asignación semanal de 17 euros que recibían los menores extranjeros no acompañados acogidos en los centros de protección de la comunidad. El pago continuará para los menores españoles tutelados por la misma Administración, por lo que la nacionalidad será el criterio que determine quién conserva la ayuda y quién deja de percibirla.
La orden ha partido de la Consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia, dirigida por el vicepresidente aragonés y líder autonómico de la ultraderecha Vox, Alejandro Nolasco. La supresión se ha aplicado mediante una instrucción interna coordinada por el director general de Desregulación, Raúl López, y la directora gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Marta Tejero.
El departamento asegura que estas cantidades carecían de un soporte reglado y calcula que suponían un desembolso anual de 180.000 euros. Nolasco las ha presentado como "propinas para menas" y ha defendido que ese dinero equivale al coste de hasta siete nuevas plazas para personas mayores en residencias. El vicepresidente ha contrapuesto así dos colectivos que dependen directamente de la protección de los servicios públicos para justificar un recorte dirigido únicamente contra niños y adolescentes extranjeros.
Las entidades que trabajan en los centros rechazan esa descripción. Explican que la pequeña asignación permite a los menores afrontar gastos cotidianos durante sus horas de instituto y de ocio, relacionarse con otros jóvenes y aprender a gestionar su propio dinero. También puede utilizarse como incentivo educativo dentro de los programas de convivencia y autonomía que preparan a los adolescentes para su salida del sistema de protección.
Una diferencia entre menores bajo la misma tutela
La decisión alcanza exclusivamente a los menores extranjeros no acompañados. Los niños y adolescentes españoles acogidos en centros del Gobierno de Aragón conservarán la asignación, que seguirá siendo gestionada por las direcciones de cada recurso de protección.
El presidente aragonés, Jorge Azcón, ha evitado entrar en el fondo de la orden impulsada por su socio de gobierno. Se ha limitado a señalar que corresponde al departamento de Nolasco ofrecer explicaciones y ha recordado que algunos centros ya podían restringir esas cantidades ante determinados comportamientos. Azcón tampoco ha anunciado ninguna rectificación pese a que la medida establece un trato distinto entre menores tutelados según su procedencia.
La retirada forma parte de la agenda migratoria incorporada por Vox al Ejecutivo autonómico tras su pacto con el Partido Popular. El departamento de Nolasco ha anunciado durante los últimos meses pruebas forenses para determinar la edad de los jóvenes, más seguridad privada en los centros y auditorías específicas sobre el gasto dedicado a la inmigración.
Aragón tutela actualmente a unos 238 menores extranjeros no acompañados, alrededor de la mitad de las 441 plazas fijadas como capacidad ordinaria para la comunidad. El dato contradice el relato de saturación utilizado por Vox para hablar de menores acogidos "forzosamente" por una supuesta imposición del Gobierno central.
Infancia lleva la orden ante la Fiscalía
El Ministerio de Juventud e Infancia ha remitido un oficio a la Fiscalía de Sala de la Unidad de Menores para que examine la decisión. El departamento dirigido por Sira Rego considera que la diferencia de trato puede vulnerar los derechos fundamentales de los niños por razón de nacimiento, origen o circunstancias personales.
"Quitar una paga semanal a chicos y chicas que están solos en nuestro país es de las cosas más repugnantes que hemos visto en los últimos años", ha denunciado la ministra. Rego ha tachado la orden de "racista" y "miserable" y ha acusado al Gobierno aragonés de criminalizar a menores por haber nacido fuera de España.
El oficio advierte de una posible discriminación, una desatención del interés superior del menor e incluso hechos que podrían encajar en un delito de odio. El Ministerio recuerda que las administraciones que asumen la tutela están obligadas a cubrir las necesidades cotidianas de los menores y favorecer su integración y desarrollo en condiciones de igualdad.
La Constitución prohíbe en su artículo 14 cualquier discriminación por razón de nacimiento, raza o circunstancia personal y obliga en el artículo 39 a los poderes públicos a garantizar la protección de la infancia. La legislación de protección del menor reconoce además sus derechos sin diferencias por nacionalidad, origen o situación familiar.
Rego ha situado la decisión dentro de la "prioridad racista" acordada por PP y Vox en Aragón y ha advertido de que este tipo de políticas alimenta un clima de odio contra la infancia migrante. La Fiscalía de Menores deberá decidir ahora si abre diligencias y qué medidas reclama para garantizar los derechos de los niños y adolescentes afectados.
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