El candidato del PP a la investidura como presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha afrontado este martes la primera sesión de su investidura, en la que será elegido presidente gracias al apoyo de Vox. Los resultados de las pasadas elecciones en Castilla y León situaron al Partido Popular como la fuerza más votada con 33 escaños. No obstante, no alcanzaron la mayoría absoluta–42 escaños– por lo que necesita pactar con Vox, con Carlos Pollán, para llevar a cabo la investidura del ‘popular’.
Así, después de varias semanas de negociación el miércoles pasado, sellaron un pacto que incluye: el concepto de 'prioridad nacional', cesión de tres consejerías y vicepresidencia para la ultraderecha. El texto de acuerdo es igual al que pactaron las formaciones en Extremadura y Aragón. En este sentido, el nuevo Ejecutivo contará con dos vicepresidencias, una asignada a cada formación política, y diez consejerías, de las que siete estarán en manos del PP y tres corresponderán a Vox, incluyendo una de ellas dentro de la estructura de la vicepresidencia. En total, el Gobierno autonómico estará integrado por once miembros, además de su presidente, Alfonso Fernández Mañueco.
En su intervención en las Cortes de Castilla y León, Mañueco ha defendido: "La política lejos de extremismos". En este sentido, se ha propuesto "vencerlos" a través de la "moderación, seriedad y confianza".
"Hablo de una moderación de sensatez, comprensión, convivencia, serenidad y responsabilidad", ha sentenciado.
Cuando comunicaron el pacto, el 'popular' señaló que comparte el concepto de ‘prioridad nacional’ recogido en el acuerdo alcanzado con Vox para la distribución de ayudas públicas, si bien precisó que su aplicación estará supeditada al cumplimiento de la legalidad y que deberá entenderse como un "criterio inspirador" y defendió que se traduce en una "asignación prioritaria" de ayudas para aquellas personas que acrediten un "arraigo real y verificable".
Por su parte, el representante de Vox manifestó que tanto las ayudas destinadas a la vivienda como otras prestaciones de carácter social deberán orientarse hacia quienes tengan "arraigo" en Castilla y León, al considerar que "son las que necesitan que verdaderamente se les tenga en cuenta".
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