El PSOE encara con cautela las elecciones autonómicas de Castilla y León de este domingo, 15 de marzo. Los datos internos que maneja el partido apuntan a un escenario muy ajustado frente al PP, con lo que describen como un “empate técnico”, aunque el resultado final podría depender de apenas unos miles de votos y del reparto del último escaño en varias provincias.
Según distintas fuentes socialistas, el PSOE se mueve en una horquilla que oscila entre los 26 y los 30 procuradores en el mejor de los casos. Actualmente cuenta con 28 escaños, por lo que una ligera mejora sería posible si los restos electorales terminan cayendo de su lado en algunas circunscripciones clave.
En la práctica, reconocen dentro del partido, hay “tres o cuatro escaños” todavía en el aire que podrían decantarse tanto hacia el PSOE como hacia el PP o incluso Vox. Ese pequeño margen podría cambiar completamente la lectura política de la noche electoral: desde confirmar una nueva caída socialista tras los malos resultados en Extremadura y Aragón, hasta permitir a los socialistas resistir en una comunidad que históricamente ha sido muy adversa para ellos y donde el PP ha gobernado durante cuatro décadas.
En la dirección federal del partido, en Ferraz, consideran que mejorar aunque sea mínimamente el resultado actual ya podría interpretarse como un balance aceptable. Sin embargo, dentro del PSOE también hay dirigentes que llaman a la prudencia y rebajan cualquier expectativa.
A su juicio, incluso en el escenario más favorable el partido difícilmente tendría opciones de formar gobierno, ya que todo apunta a que la suma del PP y Vox podría alcanzar la mayoría parlamentaria. Por eso, varias voces internas insisten en evitar lecturas triunfalistas si el PSOE logra contener la caída.
Como ejemplo citan lo ocurrido en las elecciones autonómicas del pasado 8 de febrero en Aragón, cuando la Chunta Aragonesista de Jorge Pueyo celebró con entusiasmo la obtención de seis escaños pese a que ese resultado no impidió la mayoría conjunta de PP y Vox. En el PSOE quieren evitar que una situación similar marque la interpretación de los comicios en Castilla y León.