La Guardia Civil investiga al alcalde de Robledillo de Mohernando, Rubén Marchamalo, de la ultraderecha Vox, por su posible relación con el origen del incendio forestal de La Mierla, en Guadalajara. Las primeras averiguaciones apuntan a una cosechadora de cereal con la que el regidor estaba trabajando cuando comenzaron las llamas, según fuentes próximas a la investigación.
Marchamalo habría participado apenas un día antes en una protesta de agricultores celebrada en Molina de Aragón contra las restricciones impuestas durante las jornadas con mayor riesgo de incendio. El mismo sistema preventivo cuestionado en aquella movilización había declarado como "muy alto" el peligro de propagación en la zona de La Mierla.
El incendio fue detectado este jueves a las 13.55 horas en una parcela agrícola y avanzó rápidamente hacia terreno forestal. Desde entonces, ha quemado más de 2.000 hectáreas, obligado a desalojar siete núcleos de población y alcanzado el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara, un espacio de elevado valor ecológico.
La investigación se encuentra todavía abierta y deberá concretar el punto exacto de origen, el estado de la maquinaria y el cumplimiento de todas las medidas de seguridad. La condición de investigado de Marchamalo tampoco implica que exista por ahora una conclusión sobre su responsabilidad penal.
Una cosechadora en una jornada de riesgo muy alto
La actividad agrícola estaba permitida en el momento en el que comenzó el fuego. El Índice de Propagación Potencial de incendios forestales se encontraba en nivel "muy alto", identificado con el color naranja, y la cosechadora trabajaba cinco minutos antes de que comenzara la franja de suspensión obligatoria.
La normativa de Castilla-La Mancha establece que, con ese nivel de riesgo, las labores de cosecha deben interrumpirse entre las 14.00 y las 17.00 horas, salvo cuando se dispone de un tractor con apero preparado para intervenir.
Fuera de ese horario también existen condiciones. Cada máquina debe contar con un extintor de carga ABC, una mochila de agua de al menos 15 litros y un batefuegos. El agricultor necesita además haber presentado la correspondiente declaración responsable. La Guardia Civil y los agentes medioambientales comprobarán ahora si se cumplieron íntegramente todos esos requisitos.
Las primeras pesquisas examinan también a otros agricultores que trabajaban en el entorno. La cosechadora vinculada a Marchamalo permanecía en la zona en la que se sitúa el inicio del fuego y los investigadores están tomando declaración a las personas que realizaron labores agrícolas durante aquellas horas.
Vox defiende al alcalde y culpa a Page
Vox ha salido inmediatamente en defensa de su alcalde. El portavoz de la formación ultra en las Cortes de Castilla-La Mancha, Iván Sánchez, asegura que Marchamalo "cumplía escrupulosamente con la legalidad" y que disponía de todos los permisos necesarios.
Según la versión del partido, el agricultor llevaba una cuba de agua, una manguera y un extintor. Sánchez ha presentado esa actuación como un ejemplo de responsabilidad y sostiene que el nivel naranja no obligaba a adoptar medidas adicionales, aunque la regulación autonómica sí establece condiciones específicas cuando el riesgo de propagación es "muy alto".
El partido de Santiago Abascal ha optado además por trasladar toda la responsabilidad política al Ejecutivo de Emiliano García-Page. Vox acusa al Gobierno regional de "desidia e incompetencia", denuncia una supuesta falta de limpieza de los montes y habla de una campaña para "criminalizar a la gente del campo".
La Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos de Guadalajara, integrada en ASAJA, también ha defendido a Marchamalo. Su presidente, Juan José Laso, afirma que "se podía cosechar perfectamente" y considera que el incendio demuestra que la Junta calculó mal el nivel de riesgo.
La organización agraria sostiene que el índice debería haber alcanzado el nivel extremo, lo que habría impedido trabajar con la cosechadora. También culpa a las restricciones anteriores de haber retrasado la recolección y dejado el cereal más seco y expuesto al fuego. La investigación deberá separar ahora las críticas generales al sistema de las circunstancias concretas que rodearon el inicio de las llamas.
La Junta recuerda que el índice "no es un capricho"
La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha defendido las medidas preventivas y ha pedido prudencia mientras avanza la investigación. "El IPP no es un capricho", ha respondido ante los ataques contra el sistema utilizado para adaptar las actividades agrícolas al riesgo diario de incendio.
Gómez ha recordado que el índice busca proteger a la población, a los propios agricultores y al patrimonio natural. "Esa riqueza no la podemos dilapidar porque haya algunas personas que se crean que están por encima del bien y del mal", ha advertido.
La subdelegada del Gobierno en Guadalajara, Susana Cabellos, también ha confirmado la identificación de un "presunto responsable" y ha pedido dejar trabajar a la Guardia Civil. Su intervención ha incluido un mensaje directo contra los discursos negacionistas que cuestionan las restricciones adoptadas para proteger el medio natural.
"Los incendios merecen un llamamiento a la responsabilidad de la sociedad y a esos negacionistas del cambio climático que niegan las medidas de las administraciones para proteger el entorno", ha señalado Cabellos.
El reproche alcanza de lleno a Vox. La formación de Abascal lleva años calificando como "fanatismo climático" numerosas medidas ambientales y suele atribuir los grandes incendios exclusivamente a la gestión forestal. En este caso, uno de sus propios alcaldes había participado en una protesta contra las limitaciones preventivas y se encuentra ahora dentro de la investigación sobre el origen del fuego.
La responsabilidad jurídica dependerá de las pruebas que recaben los investigadores. Políticamente, el episodio vuelve a colocar bajo escrutinio la ofensiva de la ultraderecha contra unas medidas diseñadas precisamente para reducir el riesgo durante los días de calor, viento y vegetación extremadamente seca.
Siete localidades desalojadas
El incendio continúa en nivel operativo 2 y permanece lejos de ser controlado. Las llamas han obligado a evacuar La Mierla, Muriel, Umbralejo, Almiruete, Palancares, Semillas y La Nava de Jadraque. Unas 260 personas permanecen fuera de sus casas, parte de ellas acogidas por familiares y otras trasladadas al pabellón habilitado por Cruz Roja en Humanes.
Entre los desalojados se encuentran 47 menores que participaban en un campamento en Umbralejo. El dispositivo trabaja también en la protección de las viviendas y en evitar que el fuego alcance nuevos núcleos habitados.
Desde el comienzo de la emergencia han intervenido 87 medios y 463 efectivos, entre los recursos del Plan Infocam, el Ministerio para la Transición Ecológica y la Unidad Militar de Emergencias. Varias carreteras permanecen cortadas o sometidas a restricciones y el acceso a las zonas afectadas se encuentra limitado.
El viento, con rachas superiores a los 40 kilómetros por hora, la elevada temperatura y la complicada orografía dificultan el trabajo. El incendio ha llegado al corazón del Parque Natural de la Sierra Norte y avanza por una zona boscosa con capacidad para alimentar las llamas durante miles de hectáreas más.
Marchamalo sigue ejerciendo como alcalde de Robledillo de Mohernando mientras avanzan las diligencias. Vox mantiene su defensa cerrada y dirige sus ataques contra el Gobierno regional. A las 13.55 horas del jueves comenzó un incendio junto a una cosechadora y ahora corresponde a la Guardia Civil determinar quién estaba al mando y si cumplió todas las obligaciones exigidas.
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