La Policía Nacional ha expulsado de Ceuta a tres personas con vínculos con el radicalismo yihadista que fueron localizadas después de la entrada masiva registrada los días 30 y 31 de julio. Los servicios de Información mantienen abiertas las comprobaciones sobre quienes permanecen en la ciudad y los sindicatos policiales reclaman más medios para completar las identificaciones.
Fuentes de la lucha antiterrorista han confirmado que los tres perfiles despertaron el interés de las unidades especializadas por sus antecedentes o conexiones con entornos radicales. La vigilancia comenzó desde las primeras horas de la crisis y ha continuado durante el proceso de filiación y revisión de antecedentes.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) eleva por encima de diez el número de personas identificadas con antecedentes, señalamientos o perfiles de interés relacionados con el yihadismo. Esa denominación engloba situaciones diferentes y activa comprobaciones adicionales, aunque queda lejos de acreditar por sí sola la pertenencia a una organización terrorista o la preparación de una acción violenta.
Más controles y cien antidisturbios adicionales
El SUP ya reclamó el 4 de agosto que se intensificaran los controles al considerar la identificación completa de quienes habían entrado una "cuestión de seguridad nacional". El sindicato sostiene que la llegada simultánea de miles de personas impidió realizar en la frontera las comprobaciones individualizadas habituales y exige conocer cuántos perfiles siguen bajo vigilancia y qué decisiones se han tomado en cada caso.
Jupol ha trasladado su "máxima preocupación" ante la posibilidad de que algunas de las personas identificadas hubieran sido expulsadas anteriormente de España y regresaran durante la entrada masiva. El sindicato también ha apuntado que podrían encontrarse entre ellas beneficiarios de indultos concedidos por Mohamed VI, una posibilidad que Interior no ha confirmado públicamente.
En paralelo, la Comisaría General de Extranjería y Fronteras ha remitido a la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón el informe solicitado dentro de las diligencias sobre lo ocurrido en Ceuta. La jueza quiere determinar si la entrada fue una acción organizada por algún grupo criminal antes de resolver si la Audiencia Nacional tiene competencia para investigar los hechos.
Las informaciones conocidas sobre el documento apuntan a problemas de previsión y coordinación durante las primeras horas de la crisis, pese a la existencia de señales previas sobre un aumento de la presión fronteriza. El informe completo no se ha hecho público y la investigación todavía deberá aclarar qué avisos recibió cada organismo, cuándo fueron comunicados y cómo llegaron a los responsables del dispositivo.
Las quejas sindicales también alcanzan al despliegue diario. Actualmente operan en Ceuta cinco grupos de la Unidad de Intervención Policial (UIP), alrededor de 250 agentes desplazados en su mayoría desde otros puntos de España. Los representantes policiales reclaman otros cien antidisturbios para pasar de cinco a siete grupos y aliviar una carga de trabajo que consideran difícil de mantener.
El Gobierno responde con refuerzos y gratificaciones
Las nuevas exigencias sindicales coinciden con el paquete aprobado este martes por el Consejo de Ministros. El Gobierno destinará 90 millones de euros al refuerzo de la seguridad en Ceuta, dentro del real decreto-ley dotado con 309 millones para responder a las consecuencias de la crisis.
La partida incluye 7,1 millones para gratificaciones extraordinarias de la Policía Nacional y ocho millones para la Guardia Civil. Otros 74 millones cubrirán el despliegue de las Fuerzas Armadas, su transporte, logística y mantenimiento. El reparto individual de los incentivos policiales todavía debe concretarse.
El mando único del Gobierno en Ceuta, Ángel Víctor Torres, también ha anunciado la incorporación de más de 60 policías nacionales para acelerar las filiaciones y de once funcionarios especializados en la tramitación de solicitudes de asilo. El dispositivo busca completar las identificaciones y comprobar los antecedentes mediante las bases de datos nacionales e internacionales.
Los controles han acompañado a los procedimientos de salida. El Ejecutivo ha contabilizado 3.519 retornos voluntarios a Marruecos entre el 10 y el 31 de agosto y 214 expulsiones, entre ellas las tres correspondientes a perfiles relacionados con el radicalismo yihadista.
La presión policial convive con el aumento de determinadas investigaciones penales. La Fiscalía ha registrado 23 agresiones sexuales desde el comienzo de la crisis, nueve de ellas con víctimas menores de edad y cinco con penetración. Ocho presuntos responsables han sido identificados, mientras las diligencias continúan para esclarecer cada caso de manera individual.
Jucil y Jupol reclaman que los refuerzos extraordinarios se conviertan en plantillas estables, con más vehículos, equipos de protección, descansos garantizados y asistencia jurídica y psicológica. También piden protocolos operativos claros y una reunión urgente con el ministro del Interior y las direcciones generales de la Policía y la Guardia Civil.
Ambas organizaciones apoyarán las concentraciones convocadas este miércoles por el Día de Ceuta, aunque han limitado su respaldo a su carácter "cívico, pacífico y apartidista" y han rechazado expresamente cualquier mensaje violento, racista o discriminatorio
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