Sumar ha exigido este miércoles a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que abra una investigación sobre las denuncias de palizas, robos y vejaciones presuntamente cometidas por militares desplegados en Ceuta contra personas migrantes, entre ellas varios menores de edad. La formación reclama identificar a los responsables, imponer las sanciones correspondientes y trasladar a la Fiscalía cualquier posible conducta delictiva.
La petición llega después de que una investigación publicada por 'elDiario.es' reuniera una veintena de testimonios directos y documentara lesiones, ingresos hospitalarios y partes médicos. A estos relatos se suman cerca de un centenar de casos detectados por organizaciones que trabajan sobre el terreno.
La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha asegurado que las acusaciones provocan una "enorme preocupación e indignación" y describen actuaciones contrarias a los valores democráticos que deben representar las Fuerzas Armadas.
"Robles no puede quedarse sin actuar ante estos hechos", ha advertido Martínez Barbero antes de reclamar al Ministerio de Defensa que investigue, ofrezca explicaciones y depure responsabilidades. "Si no lo hace, Defensa estaría siendo cómplice de vulneraciones de derechos humanos", ha añadido.
Testimonios, imágenes y partes médicos
Las personas entrevistadas por 'elDiario.es' atribuyen las agresiones a determinadas patrullas integradas por regulares y legionarios. Los testimonios describen golpes con defensas, sustracciones de dinero y teléfonos móviles, amenazas de devolución a Marruecos y traslados forzosos a zonas apartadas de la ciudad.
Varios migrantes aseguran también que fueron obligados a raparse el pelo o sufrieron cortes realizados contra su voluntad como forma de humillación. Uno de los partes médicos consultados por el citado periódico recoge que el paciente manifestó haber sido golpeado por militares con una porra en la cara, una pierna y un codo.
Otro de los episodios investigados ocurrió durante la madrugada del pasado 11 de septiembre en la barriada de Los Rosales. Tres jóvenes fueron trasladados al hospital con lesiones después de una actuación militar cerca de una vivienda en ruinas donde dormía un grupo de migrantes. Uno de ellos tenía 17 años y presentaba sangre en los labios y marcas recientes en la cabeza, según el relato publicado.
Estas acusaciones deberán comprobarse mediante una investigación oficial que permita identificar a las patrullas, recabar los partes médicos y escuchar tanto a los denunciantes como a los militares señalados. Fuentes gubernamentales consultadas por 'elDiario.es' han afirmado que hasta ahora no les constaba ninguna denuncia formal, aunque han condenado cualquier violencia y han asegurado que se investigará toda posible agresión.
El Ejército fue desplegado el pasado 30 de julio, en plena entrada masiva de migrantes, para apoyar a la Guardia Civil en la vigilancia de la frontera y la recuperación de la seguridad. Los efectivos quedaron bajo la coordinación del Mando de Operaciones, mientras las funciones ordinarias de seguridad ciudadana, extranjería y orden público continuaban correspondiendo a la Policía Nacional y la Guardia Civil.
El alcance de esas actuaciones militares ya había abierto un debate político. El PP impulsó este martes en el Senado una iniciativa para conceder temporalmente la condición de agentes de la autoridad a los efectivos destinados en Ceuta, con el objetivo de ampliar su protección jurídica y su capacidad de intervención.
Sumar pide identificar a los responsables
El portavoz de Interior y Justicia de Sumar y dirigente de Izquierda Unida, Enrique Santiago, ha recalcado que las denuncias se dirigen contra grupos concretos y ha rechazado extender cualquier acusación al conjunto de las Fuerzas Armadas. A su juicio, los mandos conocen qué unidades patrullaban cada zona y pueden identificar a los integrantes de los dispositivos que aparecen en los vídeos.
"Es bastante sencillo localizar quiénes son esas manzanas podridas", ha afirmado Santiago. El diputado considera que los servicios jurídicos militares deberían actuar por iniciativa propia y poner en conocimiento de la Fiscalía las posibles actuaciones delictivas, además de iniciar los expedientes disciplinarios correspondientes.
Santiago también ha recordado que Sumar trasladó su preocupación desde la tribuna del Congreso hace dos semanas y registró posteriormente un escrito sobre la situación. Según ha explicado, Defensa todavía no les ha comunicado la adopción de medidas y mantiene, al menos, una responsabilidad de vigilancia sobre las unidades desplegadas.
El secretario primero de la Mesa del Congreso y coportavoz de los Comuns, Gerardo Pisarello, ha acusado al PSOE de permanecer inmóvil ante unas denuncias que considera especialmente graves. "¿Cómo nos vamos a diferenciar de los discursos de la ultraderecha si comenzamos a hacer este giro?", ha preguntado tras exigir una reacción inmediata de Robles.
Podemos ha ido un paso más allá y ha reclamado la suspensión temporal de empleo y sueldo y la retirada del arma a los militares que puedan estar implicados mientras se esclarece lo sucedido. El partido sostiene que, si se acredita su participación, los responsables deberían ser expulsados de las Fuerzas Armadas.
La investigación solicitada deberá determinar ahora la veracidad y el alcance de cada testimonio. El compromiso trasladado hasta el momento por fuentes gubernamentales es que "se investigará cualquier agresión que se haya podido cometer".
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