La ultraderecha Vox ha expulsado a Juanma Badenas y Cecilia Herrero, dos de los cuatro concejales con los que entró en el Ayuntamiento de València en 2023. El Comité de Garantías ha acordado su salida del partido, que se ha comunicado a la Secretaría General del Pleno. Ambos pasarán a ser concejales no adscritos, un cambio del que la corporación tomará conocimiento este viernes, 30 de octubre.
La decisión vuelve a partir por la mitad al grupo municipal ultra después de la crisis que protagonizaron los mismos ediles en 2025. Badenas y Herrero conservarán sus actas y, según las fuentes municipales citadas por ‘ABC’, sus competencias en el Gobierno de María José Catalá. La expulsión del partido deja así a la ultraderecha Vox con dos representantes, mientras los otros dos seguirán formando parte del Ejecutivo encabezado por el PP.
Siempre quedan muchas cosas buenas e interesantes por hacer (y por decir).
— Juanma Badenas (@JuanmaBadenas) October 27, 2026
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"Por decisión del partido, he dejado de ser militante de Vox", ha anunciado Badenas en un vídeo difundido en sus redes sociales. El que fuera candidato a la alcaldía y portavoz municipal de la formación ha defendido que continuará con sus ideas "dentro y fuera de las instituciones". La confirmación de las expulsiones ha llegado sin una explicación detallada de los motivos de esta nueva decisión.
María José Catalá conserva la mayoría con los dos expulsados
La aritmética explica la continuidad que defiende el Ayuntamiento. El PP tiene trece concejales y Vox se quedará con dos, por lo que ambos partidos sumarán quince representantes en una corporación de treinta y tres. Los votos de Badenas y Herrero permiten alcanzar los diecisiete de la mayoría absoluta, frente a los dieciséis que reúnen Compromís y el PSOE.
El Gobierno municipal ha trasladado a los medios que garantiza la "continuidad y la estabilidad" de su gestión. La primera votación importante será este mismo viernes, cuando el pleno abordará la aprobación inicial del presupuesto de 2027. Desde el consistorio aseguran que las cuentas tienen garantizado el respaldo necesario.
La mayoría que nació del acuerdo entre PP y Vox dependerá, por tanto, también de dos ediles a los que la propia dirección ultra ha expulsado. Catalá mantendrá a Badenas al frente de Patrimonio y a Herrero en Responsabilidad Patrimonial, las delegaciones que asumieron tras la reorganización provocada por su anterior salida del grupo.
La condición de no adscritos les permite conservar sus actas y participar en las votaciones. Tampoco supone la creación de un nuevo grupo municipal. La Ley de Bases de Régimen Local limita sus derechos económicos y políticos, que no pueden superar los que les habrían correspondido de continuar en el grupo de procedencia.
De la crisis por un contrato a las causas judiciales
El conflicto viene de marzo de 2025. La ultraderecha Vox suspendió temporalmente de militancia a Badenas y le abrió un expediente por una adjudicación presuntamente irregular de la fundación municipal València Activa, que entonces presidía. La polémica estalló tras la difusión de unas grabaciones relacionadas con un contrato de publicidad y organización de eventos de cerca de 129.000 euros. Badenas negó las irregularidades y denunció un montaje.
Herrero, que es su pareja, pidió entonces la baja voluntaria. Alegó "falta de apoyo, menosprecios y burlas" dentro del partido, además de presunto acoso laboral y personal por parte de asesores del grupo. En abril de 2025, ambos fueron readmitidos y recuperaron su pertenencia a Vox. Aquella vuelta recompuso la mayoría municipal que ahora vuelve a quedar repartida entre el PP, el grupo ultra y los dos no adscritos.
La trayectoria de Herrero está marcada también por la causa por sus mensajes en redes sociales. La Fiscalía solicita hasta tres años de prisión por un presunto delito de odio a raíz de publicaciones contra personas migrantes, del colectivo LGTBI y con discapacidad. La acusación sostiene que difundió de forma reiterada mensajes dirigidos a fomentar el rechazo y la hostilidad hacia esos colectivos. En enero, cuando trascendió la petición de pena, Compromís y los socialistas reclamaron a Catalá el cese de Herrero. La alcaldesa se desmarcó de sus publicaciones, pero rechazó apartarla del Ejecutivo e invocó la presunción de inocencia. La causa está pendiente de juicio.
Badenas tiene, por su parte, una citación como investigado para el 14 de enero de 2027 por su entrada en la sede del Sindicat d’Estudiants, junto a dos asesores. La organización denunció que habían accedido sin permiso al local, de titularidad municipal. El concejal justificó su actuación como una comprobación del uso del inmueble desde su responsabilidad en Patrimonio.
El juzgado ha abierto diligencias para esclarecer lo ocurrido. La investigación judicial y la expulsión de Vox son procedimientos distintos. En el vídeo con el que ha anunciado su salida del partido, Badenas ha presentado las actuaciones judiciales por delitos de odio como una persecución contra su libertad de expresión.
Ambos concejales también fueron cuestionados por su viaje de ocio a Morella en noviembre de 2024, mientras continuaban las labores de ayuda y recuperación tras la DANA. Compromís y el PSOE exigieron entonces que se les retiraran sus funciones municipales. Badenas y Herrero tenían responsabilidades sobre servicios y contratas implicados en la respuesta a los daños de las inundaciones.
