La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez que “reconsidere” el cierre de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) después de que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo aprobara un informe favorable a prolongar su actividad hasta al menos 2040. “El mensaje del Parlamento Europeo es contundente y claro”, aseguró Guardiola, quien defendió que la energía nuclear “es considerada verde de transición” y “esencial en gran parte de los países europeos”.
El informe aprobado por la Eurocámara, respaldado por grupos de la derecha y la ultraderecha europea, pide al Ejecutivo español que suspenda “cualquier medida” encaminada al cierre de centrales nucleares y que reconsidere su política energética, al considerar que responde a “motivos ideológicos”. El texto también insta a evaluar nuevas prórrogas para Almaraz “de acuerdo con las mejores prácticas internacionales” y expresa preocupación por la estabilidad del sistema eléctrico español tras los recientes apagones.
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La misión parlamentaria que visitó la central extremeña el pasado febrero estuvo integrada por eurodiputados como el popular griego Fredis Beleris, los ultraconservadores polacos Bogdan Rzonca y Kosma Złotowski, además del neerlandés de extrema derecha Sebastian Kruis. Como observadores participaron representantes españoles como Elena Nevado del Campo (PP) , Nacho Sánchez Amor (PSOE) , Juan Carlos Girauta (Vox) y Diego Solier (Se Acabó La Fiesta).
Desde Extremadura, Guardiola insistió en el impacto económico y social que tendría el cierre de la planta, subrayando que Almaraz da empleo directo e indirecto a unas 4.000 familias del Campo Arañuelo. “Lo que es bueno para Europa también tiene que ser bueno para Extremadura”, afirmó la dirigente del Partido Popular, quien defendió que mantener abierta la central es fundamental para garantizar “empleo, competitividad industrial y soberanía energética”.
El debate sobre el futuro de Almaraz también ha reabierto las tensiones políticas entre el Gobierno central y el Ejecutivo extremeño, donde gobiernan conjuntamente PP y Vox. El vicepresidente regional, Óscar Fernández, aseguró que la Junta “ha hecho todo lo que puede hacer” para mantener la central operativa y reclamó al Estado una rebaja de la presión fiscal sobre las nucleares. Mientras tanto, empresas propietarias como Iberdrola, Endesa y Naturgy solicitaron formalmente al Ministerio para la Transición Ecológica una prórroga de funcionamiento hasta junio de 2030.
El calendario pactado en 2019 entre el Gobierno, las compañías energéticas y los sindicatos prevé que el primer reactor de Almaraz cierre el 1 de noviembre de 2027 y el segundo un año después, el 31 de octubre de 2028. Sin embargo, la presión política y empresarial para alargar su vida útil ha ido creciendo en los últimos meses, frente al rechazo de organizaciones ecologistas como Greenpeace, que consideran que la apuesta debe centrarse en acelerar la transición hacia energías renovables.
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