La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Navalcarnero ha archivado la causa abierta contra Ana Millán, exalcaldesa de Arroyomolinos, vicepresidenta primera de la Asamblea de Madrid y vicesecretaria de Organización del PP madrileño, por presuntos delitos de corrupción vinculados a supuestos contratos irregulares de la etapa en la que era concejal. La resolución decreta el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones.
Según el auto judicial, del que da noticia RTVE, la magistrada adopta esta decisión en línea con el criterio de la Fiscalía y extiende el archivo también a Francisco Roselló. La jueza sostiene que procede el sobreseimiento “al no quedar acreditada la perpetración de los delitos que dieron lugar a la formación de la causa”.
La resolución descarta que las diligencias practicadas hayan permitido sostener los principales delitos investigados. En concreto, el auto señala: “De las diligencias practicadas no ha quedado acreditado la existencia de indicios racionales de comisión de delito de prevaricación administrativa ni de cohecho ni de tráfico de influencias ni fraude contra la Administración Pública”.
La magistrada añade además que no aprecia indicios de trato de favor a personas del entorno de Millán. En ese sentido, concluye que no existe indicio “de que la investigada utilizara su influencia para conseguir que su hermana y pareja fueran contratados, ni que estos recibieran algún trato de favor o se beneficiaran de algún modo del hecho de que la investigada fuera concejal en ese momento”.
El archivo llega después de que la Fiscalía del Área de Móstoles-Fuenlabrada hubiera pedido el sobreseimiento al considerar que los delitos investigados no habían quedado “debidamente” acreditados. La investigación se había iniciado a raíz de denuncias sobre irregularidades en contratos municipales con un empresario, e incluía también sospechas de presuntos pagos a la vivienda de Millán y contratos a personas de su entorno familiar, según un informe de la UCO de la Guardia Civil.
Ese informe de la Guardia Civil recogía como dato que el Ayuntamiento adjudicó nueve contratos, siete mayores y dos menores, a varias empresas de Francisco Roselló entre 2005 y 2011. Ese fue uno de los elementos analizados durante la investigación, aunque la jueza concluye ahora que no han quedado acreditados los delitos que motivaron la causa.
