Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a recurrir a la vida familiar de Pedro Sánchez para eludir un debate incómodo sobre su propia gestión. La presidenta madrileña ha respondido al anuncio de nuevos controles de calidad para las universidades privadas preguntando por qué el jefe del Ejecutivo puede llevar a sus hijas a uno de estos centros y el resto de los españoles supuestamente no puede hacerlo.
La premisa utilizada por Ayuso es falsa. El Gobierno no ha anunciado la prohibición de las universidades privadas ni ha planteado impedir que las familias elijan una de ellas. La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha avanzado que Sánchez presentará en septiembre una propuesta para frenar la "privatización salvaje" impulsada por algunas comunidades y reforzar los requisitos exigidos para abrir nuevos centros.
Morant ha explicado que la medida seguirá la petición realizada por la Conferencia de Rectores para que los centros adscritos también necesiten un informe vinculante de las agencias de calidad. La iniciativa profundizaría en el real decreto aprobado en octubre de 2025, que endureció las condiciones docentes, investigadoras, económicas y de personal necesarias para crear una universidad. Desde su entrada en vigor, ninguna comunidad ha presentado un nuevo proyecto.
¿Por qué Sánchez puede llevar a sus hijas a una universidad privada y el resto de españoles -esto va especialmente contra los madrileños-, no pueden tener universidades privadas?https://t.co/AQQe59MCfT
— Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) August 14, 2026
Trece universidades privadas y solo seis públicas
La libertad de estudiar en una universidad privada está lejos de encontrarse amenazada en Madrid. La propia Comunidad contabiliza 13 universidades privadas frente a seis públicas, además de la sede central de la UNED. La última universidad pública madrileña, la Rey Juan Carlos, comenzó su actividad en 1996. Desde entonces, todo el crecimiento institucional se ha producido en el sector privado.
Solo durante la última década, Madrid ha pasado de ocho a 13 universidades privadas. En el curso 2024-2025 había más de 129.000 alumnos matriculados en universidades privadas y de la Iglesia, contando también la Universidad a Distancia de Madrid. Los centros propios y adscritos de las seis públicas reunían cerca de 220.000 estudiantes.
La oferta privada ha crecido al mismo tiempo que las plazas públicas permanecían prácticamente estancadas. Morant ha señalado que, en el conjunto de España, las plazas de las universidades privadas se han duplicado durante la última década, mientras las públicas apenas han aumentado un 2%. El volumen de negocio del sector supera ya los 3.000 millones de euros.
Ayuso convierte ahora una discusión sobre calidad y planificación en una supuesta persecución ideológica. Su mensaje evita mencionar que la creación de universidades públicas y el reconocimiento de las privadas corresponde a las comunidades autónomas y a sus parlamentos, que deben comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa estatal.
La factura de años de infrafinanciación
El crecimiento de la oferta privada ha coincidido en Madrid con una larga crisis financiera de las universidades públicas. Desde la llegada de Ayuso a la Presidencia regional, el porcentaje del PIB madrileño destinado a estos centros cayó del 0,73% en 2019 al 0,68% en 2024, mientras el alumnado de las privadas aumentó alrededor de un 42%.
Madrid continúa siendo la comunidad que menos financiación destina por estudiante universitario, con menos de 7.000 euros por alumno frente a una media nacional superior a los 8.600. Esa brecha ha deteriorado plantillas, edificios, laboratorios y servicios básicos durante años, hasta llevar a varias instituciones a una situación económica límite.
La Universidad Complutense cerró 2024 con un déficit ajustado de 33,19 millones y tuvo que aprobar un plan económico-financiero. La Rey Juan Carlos terminó 2025 con un desfase superior a 76 millones. Los rectores llegaron a advertir de una situación "insostenible" y reclamaron durante meses una financiación estable que evitara nuevos recortes y permitiera renovar las plantillas.
El Gobierno de Ayuso firmó finalmente en marzo un modelo plurianual hasta 2031, presentado por la Comunidad con una dotación global de 14.790 millones de euros. El acuerdo aporta previsibilidad después de años sin un marco estable, aunque llega tras protestas, huelgas y graves problemas de tesorería en algunos campus.
Sánchez presentará su propuesta en septiembre. Lo adelantado hasta ahora habla de evaluaciones vinculantes y controles de calidad para abrir nuevos centros, mientras Ayuso ha preferido introducir a las hijas del presidente en la polémica antes de que se conozca siquiera el texto.
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