El profesorado de la educación pública madrileña llevará a los tribunales la subida de los servicios mínimos anunciada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. El comité de huelga ha confirmado este viernes que recurrirá la orden tras reunirse por videoconferencia con la Consejería de Educación. Los convocantes consideran que el refuerzo vulnera su derecho a la huelga y pedirán a la Justicia que lo suspenda de urgencia en cuanto se publique.
La reunión se ha limitado a los servicios mínimos, el único asunto que la Consejería había incluido en el orden del día. Sergio Calvente, de la Confederación General del Trabajo (CGT) y miembro del comité, ha señalado a elDiario.es que Educación no ha explicado por qué necesita elevar las dotaciones. "No han hablado", ha dicho Chema, de la plataforma Queremos FP, sobre la respuesta de los representantes de la Comunidad de Madrid.
Ayuso quiere cubrir hasta el 90 % de las clases de las materias de la PAU
El mayor refuerzo se concentra en 2.º de Bachillerato, donde el profesorado de materias evaluables en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) tendrá que impartir al menos la mitad de las horas semanales. La cobertura subirá hasta el 90 % al acercarse los exámenes. En Bachillerato y en los ciclos de grado medio y superior de Formación Profesional (FP), el mínimo pasará de un docente por cada 90 alumnos a uno por cada 70. En Primaria se mantendrá un maestro por cada 50 escolares y en Secundaria y FP de grado básico, uno por cada 90, con refuerzos en los últimos cursos de cada etapa.
La Consejería que dirige Mercedes Zarzalejo sostiene que la prolongación de los paros puede perjudicar la preparación de la PAU y comprometer las evaluaciones y la titulación. Su propuesta prevé que, si un docente designado para cubrir los mínimos atiende a su grupo habitual, dé clase con normalidad y avance en el temario. Los convocantes, que ya impugnaron los mínimos iniciales, cuestionan que ese nivel de actividad sea imprescindible. La doctrina del Tribunal Constitucional exige a la Administración justificar qué prestaciones necesita mantener en cada huelga y limitar los mínimos a lo necesario para garantizarlas.
Los directores de instituto reclaman a Ayuso que negocie la huelga
El paro indefinido ha comenzado el 14 de octubre y cumple este sábado un mes. Sindicatos y plataformas docentes reclaman menos alumnos por aula, una reducción de la carga lectiva y más recursos para atender al alumnado. El comité sigue pidiendo una reunión sobre esas reivindicaciones. En este tiempo, Ayuso ha llegado a calificar la huelga de "corrupción mafiosa" en la Asamblea de Madrid y ha acusado a docentes de utilizar material de las aulas para levantar barricadas.
La Asociación de Directores de Institutos Públicos de Madrid (Adimad) también ha rechazado la subida. Sus responsables creen que la medida puede prolongar el conflicto y han pedido a la Comunidad que negocie con el comité. También han cuestionado la instrucción que prepara Educación para vigilar el supuesto "adoctrinamiento" en las aulas, cuya existencia rechazan.
El recurso anunciado este viernes se suma al que Comisiones Obreras, UGT, CNT y CGT registraron el 10 de noviembre por las comunicaciones que Educación envió al profesorado y a los equipos directivos durante la huelga. Los sindicatos sostienen que esos mensajes buscaban desmovilizar a las plantillas. En ese procedimiento, el juzgado ha rechazado adoptar medidas por la vía de especial urgencia y ha dado cinco días a la Comunidad de Madrid para responder.
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