La polémica por la compra del ático de lujo de Chamberí por 6,3 millones de euros entra en una nueva fase en los tribunales. La jueza que ha recibido varias denuncias relacionadas con la adquisición del inmueble por la empresa pública Planifica Madrid dependiente de la Comunidad de Madrid ha decidido consultar a la Fiscalía si su juzgado es competente para investigar los hechos.
La magistrada, titular de la plaza 8 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, ha trasladado la cuestión al Ministerio Público mediante una providencia fechada el pasado 3 de septiembre. En ella solicita a la Fiscalía que informe sobre la competencia del órgano judicial para hacerse cargo de las denuncias y sobre "lo que a su derecho convenga".
La intervención de la Fiscalía se produce después de que el Ministerio Público trasladara al juzgado cuatro denuncias relacionadas con la adquisición del inmueble el pasado mes de agosto. La consulta realizada ahora por la magistrada se enmarca en el procedimiento habitual previo a determinar cómo continúa una investigación penal una vez iniciadas las diligencias previas.
Entre las denuncias remitidas al juzgado se encuentra la presentada por Iustitia Europa, una de las organizaciones que ha acudido a los tribunales en distintos procedimientos relacionados con posibles casos de corrupción. En su escrito plantea que la operación podría ser constitutiva de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y administración desleal del patrimonio público.
La denuncia pone el foco en los 6,3 millones de euros abonados por la empresa pública Planifica Madrid para hacerse con el ático situado en Chamberí. Iustitia Europa reclama conocer con detalle cómo se tomó la decisión y qué documentación respaldó la operación antes de que se formalizara la compra.
Entre la documentación que solicita figuran el expediente íntegro de adquisición, los informes utilizados para acreditar la necesidad de hacerse con el inmueble y la tasación realizada sobre la vivienda. También reclama acceder a los documentos relativos a la legalidad urbanística del inmueble y a la financiación de la operación.
La organización quiere igualmente conocer los acuerdos adoptados por Planifica Madrid en relación con la compra, así como determinar si existió alguna intervención de la Consejería de Presidencia en el proceso. Esta cuestión cobra especial relevancia dentro de la denuncia, ya que se solicita conocer qué papel tuvo el departamento autonómico en una adquisición ejecutada por la empresa pública.
La petición de documentación se extiende también a la justificación ofrecida posteriormente para el uso del inmueble. En concreto, Iustitia Europa reclama los documentos relacionados con las obras de la Real Casa de Correos, que fueron esgrimidas para justificar la utilización del ático como espacio de apoyo u oficina temporal.
Otro de los elementos sobre los que solicita información es la posible existencia de una comisión inmobiliaria vinculada a la operación. La organización pretende así acceder a los distintos documentos que permitan reconstruir cómo se planteó, tramitó y finalmente ejecutó la adquisición del inmueble por 6,3 millones de euros.
Añadir ElConstitucional.es como fuente preferida de Google de forma gratuita.
Mantente informado de todas las noticias de última hora y con la mejor información. Contra la desinformación, por la democracia y los derechos sociales.
