El Tribunal de Instancia de Madrid ha abierto diligencias previas de investigación contra el exdelegado del Gobierno Francisco Martín por no disolver la acampada por el derecho a la vivienda instalada en la Puerta del Sol, que se prolongó durante 38 días, según el auto al que ha tenido acceso EFE.
La investigación se inicia tras la denuncia presentada por la Comunidad de Madrid el pasado 30 de octubre contra Francisco Martín, que dimitió el pasado 25 de octubre, y cuya actuación será ahora examinada para determinar si pudo cometer un presunto delito de prevaricación administrativa.
Además, el juzgado estudiará si existió una posible omisión del deber de perseguir delitos presuntamente ocurridos durante la acampada, en un procedimiento en el que el tribunal aprecia que los hechos descritos en la denuncia del Gobierno regional “presentan características que hacen presumir la posible existencia de posibles infracciones penales”.
Qué quiere aclarar el tribunal sobre la ocupación
El auto subraya que es necesario examinar si la utilización del espacio público “tuvo una vinculación efectiva con el ejercicio temporal del derecho fundamental de reunión o si, por el contrario, adquirió una naturaleza autónoma de ocupación prolongada del dominio público”.
Del mismo modo, el Tribunal de Instancia quiere aclarar “si se produjeron circunstancias que superaron la justificación de la ocupación del espacio público”, entre ellas riesgos acreditados para la integridad física, riesgos reales para bienes públicos o privados, obstáculos relevantes que impidieran el tránsito o servicios esenciales, la incompatibilidad con otros usos legalmente protegidos, riesgos sanitarios, residuos, contaminación o daños al entorno, y la afectación desproporcionada de otros derechos fundamentales.
“En consecuencia, cualquier medida dirigida a poner fin a la ocupación debía tener en cuenta las circunstancias objetivas concurrentes, atendiendo a un juicio de proporcionalidad”, recoge el texto judicial.
Documentación solicitada a la Delegación del Gobierno y a la Policía
Para avanzar en la investigación, el juzgado ha pedido a la Delegación del Gobierno en Madrid que remita los expedientes tramitados a raíz de la acampada, que deberán incluir los comunicados recibidos por parte de los acampados, las denuncias y requerimientos presentados por instituciones públicas, asociaciones, personas físicas o jurídicas, y las resoluciones íntegras dictadas por Francisco Martín y por la actual delegada del Gobierno, Pilar Trinidad.
El tribunal también solicita un informe cronológico de los acontecimientos entre el 26 de septiembre y el 2 de noviembre en relación con los hechos investigados.
Por su parte, la Jefatura Superior de Policía de Madrid y la Dirección General de la Policía Municipal de la capital deberán entregar un informe con todos los acontecimientos, los hechos supuestamente delictivos, las denuncias interpuestas y los daños observados en bienes públicos o privados ocasionados como consecuencia de los hechos investigados.
Plazo para la remisión de los informes
Todos los documentos requeridos por el juzgado deberán remitirse antes del 8 de enero de 2027, en el marco de unas diligencias previas que sitúan bajo examen la gestión realizada durante la acampada de la Puerta del Sol.
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