Los profesionales sanitarios de Murcia están de enhorabuena. Y han visto satisfecha una antigua demanda: una protección legal contra la creciente inseguridad en el ejercicio de su trabajo diario.
La Región de Murcia, que preside Fernando López Miras, ha aprobado por unanimidad este miércoles el Dictamen de la Comisión de Sanidad y Política Social a la Proposición de Ley sobre infracciones y sanciones administrativas en materia de agresiones a profesionales sanitarios y demás personal del sistema sanitario público de la Región de Murcia, en el ejercicio de sus funciones, quedando por tanto convertida en ley de la Comunidad Autónoma.
Durante todo el mes de mayo diferentes colectivos y sindicatos han participado en las audiencias de la Asamblea sobre esta proposición de ley. UGT, CCOO, el Colegio de Médicos y el de Enfermería, la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de la Región de Murcia y SATSE presentaron sus propuestas y puntos de vista en la Comisión.
Sus aportaciones, destacadas por todos los Grupos Parlamentarios durante sus intervenciones, han conseguido una ley "más sólida, garantista y útil", ha señalado su impulsor, el diputado del Partido Popular (PP) Antonio Martínez Pastor.
El ‘popular’ ha subrayado que las agresiones a profesionales sanitarios «representan una fractura moral que una sociedad no puede normalizar». Además de respuestas políticas, ha abogado por "recuperar el respeto social".
Por su parte, los partidos de la oposición han pedido al Gobierno regional actuar sobre las listas de espera y la falta de personal. "La mayoría de las agresiones son fruto de un sistema tensionado", ha apuntado la diputada socialista María Soledad Sánchez Jódar. Por lo que ha pedido al Gobierno regional que "aborde el clima de tensión que existe en el Servicio Murciano de Salud".
Redes sociales
La ley recoge que las sanciones también se apliquen a quienes cometan las agresiones a través de redes sociales o cualquier otro medio de difusión, así como los daños realizados de forma intencionada contra las instalaciones, pertenencias y patrimonio del personal y la posibilidad de que la persona agresora sea reasignada a otro profesional, unidad, servicio o centro sanitario.
Ruiz Jódar ha criticado que el Gobierno de España y el Ministerio de Sanidad no presenten una ley nacional contra las agresiones pese a haber sido solicitada por el PP y por colectivos sanitarios y colegios profesionales."Sería lo lógico, sin embargo la respuesta ha sido nula y las agresiones siguen creciendo", ha concluido
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