Bruselas impone una multa de 550 millones a AliExpress por no frenar la venta de productos ilegales

La Comisión Europea considera que la plataforma incumplió la Ley de Servicios Digitales al permitir la comercialización de artículos falsificados e inseguros y le exige un plan de corrección antes del 20 de octubre

20 de julio de 2026 a las 13:49h
Una persona realiza una búsqueda en Aliexpress. Eduardo Parra / Europa Press
Una persona realiza una búsqueda en Aliexpress. Eduardo Parra / Europa Press

La Comisión Europea ha impuesto este lunes una multa de 550 millones de euros a AliExpress al considerar que la plataforma no ha cumplido con las obligaciones europeas para impedir la comercialización de productos ilegales. La sanción, la más elevada aplicada hasta ahora bajo la Ley de Servicios Digitales (DSA) obliga además a la empresa a corregir las deficiencias detectadas en sus sistemas de control.

El Ejecutivo comunitario sostiene que los mecanismos utilizados por AliExpress no han sido suficientes para retirar con rapidez productos falsificados o artículos que incumplen la normativa europea de seguridad. Además, considera que la plataforma sobreestimó la capacidad de sus sistemas para detectar este tipo de anuncios y no destinó recursos suficientes para supervisarlos. La investigación también concluye que para algunos vendedores resultaba "fácil" eludir los controles modificando la categoría de los productos o aprovechando fallos en el sistema de verificación de marcas.

Bruselas ha dado de plazo hasta el 20 de octubre para que AliExpress presente un plan con las medidas que adoptará para corregir las irregularidades detectadas. Una vez recibido, analizará la propuesta y fijará el calendario para su aplicación.

La vicepresidenta de la Comisión responsable de la política digital, Henna Virkkunen, ha defendido que la presencia de productos falsificados o inseguros en plataformas de comercio electrónico no puede considerarse una consecuencia inevitable del negocio digital. Según ha señalado, las grandes plataformas están obligadas a aplicar mecanismos eficaces para proteger a los consumidores y garantizar unas condiciones de competencia equitativas para las empresas que sí cumplen la normativa.

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Leidy Castaño, redactora de ElConstitucional.es
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