Bruselas ha convertido la crisis migratoria de Ceuta en el punto de partida de un nuevo endurecimiento de la política fronteriza europea. El comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, ha anunciado este martes un plan de cinco medidas para anticipar futuras llegadas masivas y responder con mayor rapidez cuando un Estado miembro solicite ayuda.
“No podemos seguir como antes de lo ocurrido en Ceuta”, ha advertido Brunner. El dirigente conservador austriaco ha definido la entrada de más de 72.000 personas desde Marruecos durante los últimos días de julio como una “prueba de estrés” para la Unión Europea. A su juicio, el bloque superó aquel examen, aunque quedó expuesta su dificultad para reaccionar ante una emergencia fronteriza de semejante magnitud.
El anuncio llega cuando las entradas irregulares en el conjunto de la Unión se encuentran en su nivel más bajo desde 2021. Los datos comunitarios reflejan un descenso del 55%, pero las imágenes de Ceuta han acelerado el giro restrictivo que Bruselas venía preparando bajo la presión de los gobiernos conservadores y de la ultraderecha europea.
La hoja de ruta contempla más competencias para Frontex, un cuerpo permanente capaz de enviar agentes y equipos en un plazo de 24 horas, nuevos sistemas de alerta temprana y el seguimiento de redes sociales para detectar movimientos migratorios. También incluye sanciones contra las redes de tráfico de personas y una mayor cooperación con los países de origen y tránsito, utilizando para ello ayudas económicas, acuerdos comerciales y visados.
Bruselas respalda al Gobierno mientras crece la preocupación por el derecho de asilo
Brunner ha respaldado expresamente las medidas que prepara el Ejecutivo de Pedro Sánchez para acelerar los retornos de las personas que permanecen en situación irregular en Ceuta. “Apoyamos todo lo que haga el Gobierno español para devolver a quien permanezca de forma ilegal”, ha asegurado.
La Comisión ya ha concedido a España cerca de 115 millones de euros en ayudas de emergencia y ha movilizado a Frontex, Europol y la Agencia de Asilo de la Unión Europea. Alrededor de 10.000 personas continúan en la ciudad autónoma, muchas de ellas pendientes de que se resuelvan sus solicitudes de protección internacional.
El Gobierno trabaja desde hace semanas en un real decreto ley para recortar los plazos administrativos y judiciales. El borrador permitiría resolver determinados expedientes sin el examen previo de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, donde participa el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, y facilitaría algunas devoluciones antes de que terminen todos los recursos. El texto no ha llegado finalmente al Consejo de Ministros de este martes y continúa en negociación.
Una docena de organizaciones, entre ellas la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Oxfam Intermón y el Servicio Jesuita a Migrantes, ha pedido retirar la propuesta. Las entidades alertan de que podría crear un “régimen de excepción” para el derecho de asilo y reclaman que cada caso conserve un examen individual con todas las garantías.
La presión sobre Ceuta sigue mientras avanzan esas conversaciones. La Policía Nacional ha desalojado este martes a entre 300 y 400 migrantes que dormían en la playa Benítez y los ha trasladado al Centro de Atención Temporal de Extranjeros para identificarlos y ofrecerles el retorno voluntario a Marruecos. Bruselas presentará este jueves su nueva estrategia a los ministros de Interior de los Veintisiete en Luxemburgo.
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