Pedro Sánchez ha respondido a las críticas de varios gobiernos europeos a la política migratoria española durante la cumbre del Consejo Europeo celebrada en Bruselas. El presidente del Gobierno ha defendido la gestión del Ejecutivo frente a las acusaciones sobre la regularización extraordinaria de migrantes y ha reivindicado los resultados de España en la lucha contra las entradas irregulares. "España es un alumno aventajado en la lucha contra la inmigración irregular", ha afirmado en su comparecencia tras la reunión de los líderes europeos.
El debate ha estado marcado por las posiciones de Italia, Dinamarca, Austria y República Checa, que han cuestionado distintas medidas del Gobierno español. Mientras Giorgia Meloni y Mette Frederiksen han impulsado nuevas restricciones en materia de asilo, otros dirigentes han señalado la regularización extraordinaria como una posible causa de la crisis migratoria de Ceuta. Sin embargo, la Comisión Europea ha rechazado que exista una relación demostrada entre esa medida y la llegada masiva de migrantes a la ciudad autónoma.
Sánchez reivindica la gestión española y defiende a Ceuta y Melilla
Frente a los reproches recibidos, Sánchez ha defendido que los datos respaldan la actuación del Ejecutivo. "Los datos lo que demuestran es que España está teniendo una política muy responsable en la gestión", ha asegurado. El presidente ha animado también a los líderes europeos a seguir trabajando en el pacto de migración y asilo, en lugar de centrar el debate en las críticas a las decisiones nacionales.
El jefe del Ejecutivo ha encontrado, además, un respaldo relevante en las conclusiones oficiales de la cumbre. Los Veintisiete han reconocido la situación específica de Ceuta y Melilla como las ciudades que albergan la única frontera terrestre de la Unión Europea con el continente africano. El texto también expresa la "solidaridad y apoyo" a España por la entrada masiva de migrantes registrada en Ceuta los días 30 y 31 de julio.
Sánchez ha celebrado este reconocimiento con un mensaje dirigido a quienes cuestionan la posición española en Europa. "Europa está hoy más presente de lo que nunca ha estado en Ceuta y Melilla, porque ambas ciudades también son Europa", ha señalado. El presidente ha admitido que "queda todavía mucho por hacer", pero ha calificado el acuerdo como un paso importante para que las instituciones comunitarias reconozcan la situación de las dos ciudades autónomas.
Meloni y Frederiksen reclaman endurecer el derecho de asilo
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y su homóloga danesa, Mette Frederiksen, han encabezado una reunión previa a la cumbre en la que han participado 18 países, sin España. Entre sus propuestas figura dotar a la Unión Europea de mecanismos que permitan suspender temporalmente los procedimientos de asilo en situaciones excepcionales, como la crisis vivida en Ceuta. Meloni ha defendido la necesidad de mantener una vigilancia elevada en las fronteras exteriores y de revisar la legislación comunitaria para agilizar los procedimientos relativos a migrantes irregulares.
Frederiksen, por su parte, ha pedido a la Comisión Europea que examine la regularización extraordinaria impulsada por España. "He pedido a la Comisión que examine el caso de un país que hace prácticamente todo lo contrario que los demás", ha afirmado. La dirigente danesa ha cuestionado que una persona que entra irregularmente en un país pueda obtener después un permiso de residencia y ha sostenido que esa política contradice la orientación mayoritaria de la UE. Aunque no ha mencionado directamente a España en todas sus declaraciones, sus críticas se han producido en el contexto de las discusiones sobre la medida del Gobierno de Sánchez.
La iniciativa cuenta con el respaldo de otros gobiernos que reclaman una política migratoria más restrictiva. El canciller austríaco, Christian Stocker, ha calificado la regularización española de "mala señal" y ha sugerido que pudo influir en la crisis de Ceuta, aunque ha reconocido que no sabe si los acontecimientos se habrían producido sin esa medida. El primer ministro checo, Andrej Babiš, ha ido más allá al acusar a algunos políticos de estar dispuestos a "sustituir a la población simplemente para mantenerse en sus cargos". Por su parte, Dinamarca, Italia y Polonia han presionado para que las conclusiones europeas incluyan referencias a los posibles efectos de atracción de las políticas nacionales de regularización.
Bruselas respalda a España en Ceuta, pero continúa el debate migratorio
La cumbre ha evidenciado las diferencias entre los gobiernos europeos sobre cómo gestionar la inmigración. Mientras un grupo de países reclama más restricciones, el Ejecutivo español defiende una política que combine el control fronterizo, la cooperación entre Estados y el respeto a los derechos humanos. La Comisión Europea, a través de su responsable de Migración, Magnus Brunner, ha señalado que la regularización española no tuvo relación con la entrada masiva de migrantes en Ceuta, una precisión importante ante las acusaciones que vinculan ambas cuestiones.
La tensión política también ha coincidido con un primer acercamiento entre Sánchez y Meloni para resolver el conflicto por los controles fronterizos. Italia había restablecido controles con España tras la crisis de Ceuta, mientras Madrid respondió con medidas recíprocas. Ambos gobiernos han acordado que sus ministros del Interior mantengan contactos para encontrar alternativas y avanzar hacia el levantamiento coordinado de esas restricciones. La negociación abre una vía para rebajar la tensión bilateral pese a las diferencias sobre la política migratoria.
En este escenario, el Gobierno español mantiene su defensa de una gestión migratoria que considera responsable y compatible con las obligaciones europeas. La cumbre ha dejado constancia del respaldo de los Veintisiete a España ante la crisis de Ceuta, aunque no ha cerrado el debate sobre la regularización ni sobre los límites que deben tener los procedimientos de asilo en situaciones excepcionales. La posición de Sánchez pasa por mantener la cooperación europea sin renunciar a las decisiones nacionales, mientras los Estados miembros siguen negociando cómo responder a futuras crisis migratorias.
