La Administración de Donald Trump ha decidido convertir la lucha contra 'Antifa' en una prioridad internacional. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha reunido este jueves en Washington a representantes de 66 países para impulsar una estrategia conjunta contra lo que la Casa Blanca denomina el resurgimiento del “terrorismo político de extrema izquierda”.
El encuentro, celebrado en la sede del Departamento de Estado bajo el nombre de Reunión Ministerial sobre el Resurgimiento del Terrorismo Político, busca reforzar la cooperación policial, el intercambio de información y la persecución de las vías de financiación. España ha participado mediante dos consejeros de su Embajada en Washington, uno perteneciente a la sección política y otro al área de Interior.
Rubio abrió la conferencia con un discurso ideológico en el que acusó a las instituciones occidentales de haber mantenido durante décadas un "punto ciego" frente a la violencia de izquierdas. El jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que se trata de una amenaza "real y transnacional" que atraviesa una nueva etapa de expansión.
Rubio dibuja una red mundial de militantes Antifa
El secretario de Estado sostuvo que militantes antifascistas viajan entre Europa y Estados Unidos para participar en ataques, compartir propaganda y acceder a materiales de entrenamiento. Según su relato, estas redes intercambian información sobre objetivos mediante canales cifrados, utilizan pisos francos y reciben financiación internacional.
Rubio incluyó bajo una misma amenaza a comunistas, anarquistas, marxistas, antiimperialistas y anticapitalistas. También definió su ideología como un “resentimiento ponzoñoso” disfrazado con el lenguaje de la igualdad y la justicia, y recuperó episodios protagonizados por las Brigadas Rojas italianas, la Fracción del Ejército Rojo alemana, los Tupamaros o Sendero Luminoso.
La exposición mezcló organizaciones terroristas históricas con el movimiento Antifa actual, una denominación que agrupa a colectivos muy diferentes y sin una dirección común. Antifa carece de una estructura internacional unificada, de una jerarquía reconocible y de un liderazgo central, aunque determinados grupos que se presentan como antifascistas sí han cometido actos violentos.
La Administración Trump ya ha incluido en su lista de organizaciones terroristas extranjeras a cuatro grupos europeos, entre ellos Antifa Ost y varias organizaciones anarquistas de Italia y Grecia. Washington ofrece recompensas de hasta diez millones de dólares por información sobre su financiación y Rubio ha anunciado que próximamente se producirán nuevas designaciones.
Los datos complican el relato de la Casa Blanca
La violencia política de izquierdas ha aumentado en Estados Unidos durante los últimos años y merece una respuesta de las autoridades. Sin embargo, los estudios disponibles ofrecen una imagen bastante más matizada que la presentada por Rubio ante sus aliados.
Un análisis del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, el CSIS, concluyó que en 2025 los ataques y complots de izquierda superaron por primera vez en más de tres décadas a los de la extrema derecha. El propio informe explica que esa variación también se debió a una fuerte caída de los incidentes ultras y advierte de que la violencia de izquierdas continúa siendo menos organizada y mucho menos letal.
Durante la última década, los ataques clasificados por el CSIS como violencia política de izquierda provocaron 13 muertes. Los atentados de extrema derecha causaron 112 y los vinculados al yihadismo, 82. El centro reclama combatir todas las formas de terrorismo y evitar respuestas desproporcionadas que puedan alimentar una mayor radicalización.
La selección de amenazas realizada por la Administración republicana resulta especialmente polémica. Apenas doce días antes de la cumbre, alrededor de 400 miembros enmascarados del grupo supremacista blanco Patriot Front marcharon por Washington con banderas confederadas y consignas para “recuperar América”.
Trump también concedió indultos y conmutaciones a cerca de 1.600 procesados por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, incluidos miembros de organizaciones ultras como Proud Boys. Rubio no mencionó ese episodio ni el historial de atentados racistas, antisemitas o antigubernamentales cometidos por la extrema derecha estadounidense.
Una estrategia acompañada de ayudas para grupos afines a MAGA
La conferencia forma parte de un giro más amplio en la estrategia de seguridad de Estados Unidos. Washington quiere desplazar parte de los recursos dedicados durante las últimas décadas al yihadismo hacia el narcotráfico, las organizaciones criminales y los movimientos políticos que la Casa Blanca engloba bajo la etiqueta de “extrema izquierda violenta”.
Al acto también asistieron responsables como el director del FBI, Kash Patel; el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el asesor de Seguridad Nacional Stephen Miller. Este último calificó la violencia de izquierdas como un “cáncer” y cuestionó que algunos activistas invoquen las libertades civiles para protegerse de la actuación del Estado.
La ofensiva coincide con una convocatoria del Departamento de Estado para conceder subvenciones de entre uno y tres millones de dólares a organizaciones europeas que trabajen sobre soberanía nacional, migración, supuesta censura, vínculos “civilizatorios” y utilización política de la Justicia. Los criterios coinciden con buena parte del argumentario internacional del movimiento ultra MAGA.
El temor a que la lucha antiterrorista alcance a la protesta pacífica
Organizaciones estadounidenses de derechos civiles han advertido del peligro de utilizar definiciones demasiado amplias. La ACLU considera que la estrategia de Trump puede acabar sometiendo a vigilancia e investigación a asociaciones, activistas, donantes y movimientos sociales que desarrollan actividades legales y pacíficas.
La preocupación aumenta por la dificultad de separar ideología, protesta, vandalismo y terrorismo en determinados incidentes. El CSIS excluye de sus datos muchos ataques contra vehículos o instalaciones de Tesla al considerarlos actos de destrucción económica que no alcanzan su definición de terrorismo, mientras la Administración Trump los presenta como parte de una campaña política organizada.
Estados Unidos quiere ahora que sus aliados ayuden a identificar militantes, compartir inteligencia, bloquear fondos y perseguir a las organizaciones incluidas en su lista. La cruzada contra Antifa ya ha dejado de ser una consigna interna de Trump para convertirse en una de las nuevas prioridades de la diplomacia estadounidense.
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