La UDEF ha registrado este miércoles un inmueble en el distrito madrileño de Salamanca vinculado al antiguo grupo europeo de extrema derecha Identidad y Democracia, la familia que reunió en la pasada legislatura a formaciones como la Agrupación Nacional de Marine Le Pen y la Liga de Matteo Salvini.
El operativo forma parte de una investigación de la Fiscalía Europea por el presunto mal uso de fondos del Parlamento Europeo. Las diligencias afectan a varios países, entre ellos España, Francia, Italia y Bélgica, y se centran en el dinero recibido por Identidad y Democracia para su funcionamiento entre 2019 y 2024.
La cantidad bajo sospecha asciende a 4,33 millones de euros. Según las pesquisas conocidas hasta ahora, parte de esos fondos se habría destinado a donaciones a asociaciones sin relación directa con la actividad parlamentaria del grupo y a contratos con empresas afines a los partidos integrados en esa estructura europea.
La Fiscalía Europea ha confirmado que lleva a cabo medidas de investigación sobre el uso de fondos comunitarios por parte de un antiguo grupo político de la Eurocámara, aunque ha evitado dar más detalles para no perjudicar el procedimiento. En España, la entrada ha sido practicada por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional.
Le Pen, Bardella y el frente judicial de la extrema derecha europea
Identidad y Democracia funcionó como grupo parlamentario en Bruselas entre 2019 y 2024. Tras las elecciones europeas, quedó disuelto y buena parte de sus integrantes se reubicaron en Patriotas por Europa, el grupo impulsado por la extrema derecha europea y en el que también se integró Vox tras abandonar la familia de Giorgia Meloni.
La operación llega en un momento especialmente delicado para el entorno de Le Pen. La líder de Agrupación Nacional ya fue condenada en Francia por malversación de fondos europeos en otra causa sobre asistentes parlamentarios y está pendiente de la decisión de apelación sobre su inhabilitación. Ese fallo puede condicionar de lleno su futuro político antes de las próximas presidenciales francesas.
El presidente de Agrupación Nacional, Jordan Bardella, ha reaccionado en redes asegurando que los registros afectan a proveedores de comunicación que trabajaron con su partido. También ha situado las actuaciones judiciales en el calendario electoral francés y ha defendido que no tienen “nada que reprocharse”.
La investigación apunta ahora a la red de contratos y servicios del antiguo grupo ultra en el Parlamento Europeo. Entre los nombres citados por medios franceses aparecen empresas de comunicación vinculadas a colaboradores históricos del entorno de Le Pen. El recorrido judicial marcará hasta dónde llega la responsabilidad política y económica por el uso de esos fondos públicos.
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