El cuarto intento terminó siendo el definitivo. Maricarmen, la mujer de 87 años que llevaba 71 viviendo en su casa de la calle Alcalde Sáinz de Baranda, ha sido finalmente desahuciada este miércoles después de que la comisión judicial y la propiedad rechazaran las distintas alternativas planteadas por su defensa para evitar el desahucio. Tras abandonar la vivienda, tuvo que ser trasladada en ambulancia al Hospital Gregorio Marañón, según ha explicado a 'ElConstitucional.es' su abogada, Beatriz Duro.
La letrada asegura que la mañana estuvo marcada por una fuerte tensión. Durante más de una hora, la defensa trató de negociar con la comisión judicial y con la procuradora que representaba a la propiedad, pero, según Duro, no fue posible alcanzar ningún acuerdo. “Finalmente no ha sido posible ningún acuerdo porque la propiedad se niega absolutamente a todo”, sostiene. La abogada afirma que se pusieron sobre la mesa distintas posibilidades, entre ellas aplazar el lanzamiento por razones humanitarias, esperar a que se resolviera el escrito presentado ante el juzgado, aceptar la oferta de un particular dispuesto a asumir la diferencia del alquiler o conceder un margen para encontrar una alternativa habitacional.
Ninguna de esas vías prosperó. Según el relato de la defensa, la propiedad mantuvo su negativa durante la negociación y el procedimiento siguió adelante. La situación terminó con la entrada de los agentes en el inmueble y la salida de Maricarmen en una ambulancia. “La policía evidentemente ha ejercido la fuerza que ha estimado para poder acceder a la vivienda y se la ha tenido que llevar una ambulancia”, explica Duro. La abogada señala que, por el momento, desconoce si su representada permanecerá ingresada o recibirá el alta médica.
Sin casa y sin margen para recoger sus pertenencias
El desahucio se produce después diversas movilizaciones y de varios intentos anteriores de paralizarlo. Maricarmen llevaba décadas pagando 500 euros mensuales por su vivienda, mientras la propiedad pretendía elevar la renta hasta los 2.650 euros. La falta de acuerdo desembocó en un cuarto intento de desahucio que finalmente se ha ejecutado este miércoles.
Duro denuncia además que Urbagestión Desarrollo e Inversión SL tampoco habría aceptado conceder a Maricarmen un plazo para retirar sus pertenencias. “La propiedad no ha querido dar absolutamente nada, ni tiempo mínimo para sacar sus cosas”, afirma. La única alternativa ofrecida, según la abogada, fue trasladar los enseres a la dirección que indicara la mujer.
La letrada recalca que esta situación no es habitual en un lanzamiento y que su equipo trató de negociar también ese extremo. “Lo normal es que te dejen” un plazo para retirar las pertenencias, sostiene. Sin embargo, asegura que la propiedad rechazó cualquier margen adicional.
La situación de Maricarmen se agrava además por su estado de salud. La mujer tiene reconocida una discapacidad y, según su abogada, padece numerosas patologías. Duro destaca el deterioro experimentado durante el último año: cuando comenzó el conflicto podía caminar y desenvolverse de manera autónoma, mientras que actualmente necesita una silla de ruedas. “El desgaste físico y psicológico también que ha vivido derivado de esta situación es bastante patente”, afirma.
“Mucha rabia, mucha tristeza, mucha impotencia”
El desahucio se ha producido después de que durante la mañana la Policía Nacional acordonara los alrededores del inmueble y retirara las tiendas de campaña instaladas durante la noche por el Sindicato de Inquilinas de Madrid para tratar de impedir el lanzamiento. Decenas de personas permanecieron en las inmediaciones mientras se desarrollaba el dispositivo.
Para la defensa, el operativo y el desarrollo del lanzamiento han dejado un sentimiento de impotencia. “Pues tenemos mucha rabia, mucha tristeza, mucha impotencia porque al final es una situación profundamente injusta”, afirma Duro, que considera que las instituciones públicas deberían haber buscado alternativas habitacionales para la mujer.
La abogada recuerda que este era el cuarto intento de lanzamiento, aunque el primero en el que la defensa y los apoyos de Maricarmen llegaron a concentrarse físicamente ante la puerta de la vivienda. Los anteriores habían sido suspendidos en sede judicial por distintas circunstancias. Esta vez, sin embargo, la comisión judicial acudió al inmueble y el procedimiento terminó ejecutándose. La información publicada este miércoles confirma que la comisión llegó alrededor de las 9:30 horas y que la defensa mantuvo una negociación durante más de una hora antes de que se ejecutara el desalojo.
La batalla judicial, además, ha llegado a su final. Preguntada por si queda alguna vía para revertir el lanzamiento, Duro es tajante: “La vía judicial ya está totalmente agotada con el lanzamiento que se ha presecutado hoy”.
Ahora, el futuro inmediato de Maricarmen permanece en el aire. Tras 71 años en la misma vivienda, ha abandonado el domicilio sin tener todavía un lugar al que trasladarse. Su abogada asegura que la prioridad ahora es conocer cómo evoluciona tras su traslado al Gregorio Marañón y encontrar una solución para su situación habitacional. La defensa sostiene que durante las últimas semanas se plantearon distintas alternativas, incluida una propuesta para que una persona particular asumiera la diferencia entre los 500 euros que pagaba Maricarmen y los 2.650 euros reclamados por la propiedad, pero tampoco esa opción consiguió frenar el desahucio.
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