La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra ha reabierto una de las causas más politizadas de los últimos años, pero su origen procesal no reside en la antigua ofensiva judicial contra el rescate de la aerolínea, sino en una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción derivada de una investigación internacional por blanqueo que nada tiene que ver con las gestiones para el préstamo de 53 millones obtenido por la aerolínea.
Esta es una de las primeras precisiones necesarias para entender el alcance real del procedimiento. La causa que ahora sitúa al expresidente del Gobierno ante la Audiencia Nacional tiene su origen inmediato en una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, dirigida contra varias personas por un presunto delito de blanqueo de capitales vinculado a fondos con origen en tres empresas venezolanas, y con ramificaciones en Francia, Suiza y España. La querella posterior de Manos Limpias, derivada de unas declaraciones de Aldama a Iker Jiménez en el programa “Horizonte”, añadió ruido político y penal, pero llegó después y se construyó sobre un terreno ya abierto por el Ministerio Público.
Esa distinción es esencial. La primera investigación judicial sobre el rescate de Plus Ultra, impulsada años antes por denuncias de Manos Limpias, PP y Vox contra la concesión de los préstamos públicos a ésta y otras aerolíneas, fue archivada en enero de 2023. La jueza concluyó entonces que no aparecía debidamente justificada la comisión de delito en la aprobación del préstamo de 53 millones de euros.
La causa actual es otra cosa. Anticorrupción investiga si Plus Ultra utilizó parte del dinero recibido del Estado para devolver préstamos previos concedidos por sociedades vinculadas a una presunta organización presuntamente dedicada al blanqueo de fondos públicos y oro procedentes de Venezuela. Esa línea, según publicó 'Europa Press', se dirigía contra siete personas y sostenía que el dinero del llamado rescate “se habría utilizado para la devolución de préstamos concedidos a esa sociedad por otras de la supuesta trama delictiva”.
Sobre ese primer eje —el blanqueo internacional— el juez José Luis Calama ha construido ahora una derivada mucho más política: la posible existencia de una estructura de tráfico de influencias presuntamente liderada por Zapatero para favorecer a Plus Ultra en la obtención del préstamo de la SEPI y en otras gestiones internacionales.
Anticorrupción frente a Manos Limpias: dos planos distintos
Hay que diferenciar la denuncia de Anticorrupción de la querella de Manos Limpias.
Manos Limpias tuvo un papel relevante en la primera ofensiva judicial y política contra el rescate de Plus Ultra, pero aquella vía terminó archivada. Además, la Audiencia Provincial de Madrid llegó a ver fraude de ley en una denuncia inicial de Manos Limpias relacionada con el “rescate”, al exigirle formular querella si quería sostener la acción penal.
La nueva causa, en cambio, se reactiva por otra vía: la denuncia de Anticorrupción por blanqueo de capitales, derivada del primer préstamo obtenido por Plus Ultra y sin relación con el mal llamado “rescate”. Después, Manos Limpias presentó una nueva querella ampliando el abanico de delitos a organización criminal, apropiación indebida y fraude en subvenciones, “los mismos que le atribuye Anticorrupción”, según publicó Intereconomía.
Esto tiene una consecuencia informativa importante: si se quiere explicar la imputación de Zapatero con rigor, no debe presentarse como una mera derivada de Manos Limpias. La palanca procesal más sólida es la denuncia de Anticorrupción, asumida después en una instrucción que acabó en la Audiencia Nacional por su dimensión internacional.
En ese sentido, el caso troncal de blanqueo por el primer préstamo concedido por las sociedades vinculadas a Venezuela a la Aerolínea es aún más difícil de vincular con la posible influencia de Zapatero en el segundo préstamo de la SEPI. Y el auto mezcla la posible participación de Julio Martínez Martínez en el primero (como facilitador) con su participación como proveedor de informes realizados por Zapatero y maquetados por la empresa de sus hijas, que el juez sospecha ficticia.
En resumen: el presunto blanqueo no consiste, al menos en su formulación inicial, en que el dinero público de la SEPI fuera ilícito, sino en si ese dinero permitió devolver préstamos privados anteriores cuyo origen podía ser delictivo.
El “rescate”: 53 millones en préstamos con intereses y plusvalías para el Estado, no una subvención
Plus Ultra recibió 53 millones de euros con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la SEPI. La SEPI y la propia aerolínea detallan que esa financiación se dividió en un préstamo ordinario de 19 millones y un préstamo participativo de 34 millones. La operación híbrida garantizaba la correcta cobertura del riesgo de crédito, dado que el préstamo convencional tiene prelación en el pago (y, de hecho, Plus Ultra ya ha satisfecho 9.000 millones de euros de intereses, esto es, rentabilidad para el Estado), y el préstamo participativo permite participar de los beneficios de la aerolínea una vez recuperada de su crisis pandémica.
Una operación calcada a la de Air Europa, ya recuperada en su totalidad (principal, intereses y plusvalías), y mucho más rentable para el Estado que los verdaderos rescates ruinosos (a la banca o a las autopistas) concedidos por el Gobierno de Rajoy, o que los préstamos ruinosos de otros Estados europeos en esa coyuntura (caso del italiano con Alitalia o del francés con KLM -Air France).
Ese fondo no fue creado para Plus Ultra, sino como instrumento general de apoyo a empresas estratégicas afectadas por la pandemia. El Consejo de Ministros lo dotó con 10.000 millones de euros, y la SEPI recuerda que su encaje fue autorizado por la Comisión Europea mediante la decisión SA.57659, de 31 de julio de 2020.
El contexto también importa: el Fondo terminó aprobando 30 operaciones con empresas diferentes por 3.255,8 millones de euros. Por tanto, el rescate a Plus Ultra, ahora polémico, no fue de ninguna manera excepcional dentro del marco Covid.
Esto no neutraliza la investigación penal, pero obliga a formularla bien. La pregunta no es si el Gobierno podía apoyar a empresas estratégicas (entre ellas, varias aerolíneas) durante la pandemia. Podía hacerlo y estaba obligado por sus compromisos. La pregunta que se hace el juez es si Plus Ultra obtuvo esa ayuda mediante influencias ilícitas y si después empleó parte de esos fondos para operaciones de blanqueo.
La tesis del auto: una “estructura estable” liderada por Zapatero
El auto de Calama afirma que la investigación revela una estructura organizada y estable, presuntamente dirigida por Zapatero, para captar clientes, activar contactos políticos y canalizar beneficios económicos mediante sociedades interpuestas. El juez sitúa en el primer nivel de esa estructura al expresidente; en un segundo nivel, a los empresarios Julio Martínez Martínez y Manuel Aarón Fajardo; y en un tercer nivel operativo, a María Gertrudis Alcázar, secretaria de Zapatero, y Cristóbal Cano, vinculado al entorno societario de Martínez.
La resolución sostiene que la red habría operado a través de sociedades como Análisis Relevante, Caletón Consultores, Summer Wind, Softgestor, Inteligencia Prospectiva, Gate Center, Idella Consulenza Strategica y Whathefav SL. El auto atribuye a Análisis Relevante un papel central: habría recibido pagos de Plus Ultra y otras mercantiles, elaborado informes de asesoramiento, y después transferido fondos a Zapatero y a Whathefav, agencia de marketing administrada por dos sus hijas. La estructura de Análisis Relevante, sociedad clave, aparece en el auto:
Asimismo, en concreto, el juez recoge que Análisis Relevante habría abonado 490.780 euros a Zapatero y 239.755 euros a Whathefav; Gate Center, 352.980 euros a Zapatero y 171.727 euros a Whathefav; y otras sociedades vinculadas a Thinking Heads (además de Gate Center), 681.318 euros al expresidente y 12.297 euros a Whathefav. Todos ellos pagos con factura y declarados a Hacienda por Zapatero y las sociedades.
La hipótesis judicial es clara: los pagos no serían meras retribuciones por consultoría, informes, conferencias o trabajos gráficos, sino la contraprestación por una capacidad de influencia ante la Administración. Pero ahí empieza también el punto débil del caso.
A partir de ahí, la causa deja de ser sólo una investigación sobre el origen de determinados fondos vinculados a Venezuela y pasa a examinar si alrededor de Plus Ultra operó una red de lobby político que, según el juez, pudo cruzar la frontera del tráfico de influencias.
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