Abascal 'enreda' a Feijóo. Vox intensifica la presión sobre los ejecutivos autonómicos del PP mediante la presentación de iniciativas en los parlamentos regionales, con las que pretende consolidar el concepto de “prioridad nacional” para que los españoles tengan preferencia en el acceso a servicios públicos y ayudas sociales, siguiendo la línea de lo pactado entre ambos partidos en Aragón y Extremadura.
Esta semana, el Pleno del Congreso ha tumbado, con el voto en contra del PP, la proposición de Vox que reclamaba aplicar el criterio de “prioridad nacional” en el acceso a las ayudas públicas y derogar la regularización extraordinaria de migrantes. Los ‘populares’ reprocharon a los de Abascal que rechazaran su enmienda, que reproducía literalmente lo firmado en Extremadura y Aragón sobre la prioridad nacional.
Baleares, Murcia y Comunidad Valenciana
Uno de los primeros dirigentes autonómicos en pronunciarse sobre la defensa de la “prioridad nacional” ha sido el popular Juanfran Pérez Llorca, en la Comunidad Valenciana. Pérez Llorca ha calificado este debate de “estéril” porque, según ha señalado, “siempre” se ha priorizado al vecino empadronado y eso no implica “ser racista”.
En la Asamblea de Murcia, Vox también ha impulsado una iniciativa para instar al Gobierno de Fernando López Miras a defender la “prioridad nacional y la sostenibilidad del Estado de bienestar de los españoles”.
El presidente murciano ha replicado que su Ejecutivo antepondrá la prioridad “legal y constitucional” frente a la moción de Vox, que se plantea como condición para sacar adelante la Ley de Vivienda Asequible.
En el Parlamento de Baleares, Vox ha registrado otra PNL para exigir al Gobierno de Marga Prohens que “garantice la prioridad nacional”. “Lo que se puede hacer en Extremadura se puede conseguir en Baleares y en el resto de España”, ha manifestado la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, que defiende que los españoles tengan preferencia “en el acceso a los servicios públicos”.
La iniciativa ha recibido respuesta del portavoz del Govern balear, Antoni Costa, quien ha recalcado que el Ejecutivo de Marga Prohens no “contribuirá” a alimentar el debate. Ha recordado que “el concepto que maneja Baleares es exigir tres años de residencia legal para acceder a la Renta Social Garantizada (Resoga) y a la renta de emancipación”, criterio ya pactado con Vox. Sobre la PNL registrada, ha avanzado que, si va “en los términos” que comparte el Govern, la respaldarán.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que debe renegociar con Vox, ha evitado pronunciarse de forma explícita sobre la “prioridad nacional” y se ha limitado a emplazar a hablar del pacto “cuando se concrete”.
En Cantabria, Vox llevó al Pleno una PNL contra la regularización de migrantes que incluía este principio, pero fue rechazada.
