La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha verificado de nuevo que se respeta la regla de gasto en pensiones, aunque insiste, como ya ha hecho en ejercicios anteriores, en que este cumplimiento no garantiza la sostenibilidad futura del sistema, ratificando así las conclusiones recogidas en su informe de 2025.
Según el análisis actualizado, la institución concluye que la regla de gasto vuelve a cumplirse desde el punto de vista formal y que el desembolso en pensiones, una vez descontado el efecto de las medidas de ingresos, se situará en el 13% del PIB de media entre 2022 y 2050, es decir, tres décimas por debajo del límite del 13,3% fijado en el real decreto-ley aprobado por el Gobierno.
Las nuevas proyecciones de la AIReF suponen una ligera mejora, cercana a dos décimas, frente a las estimaciones del informe anterior, que anticipaba un gasto del 13,2%. Esta variación se explica por una mayor valoración del impacto de las medidas de incremento de ingresos destinadas a reforzar el sistema de pensiones.
En detalle, el gasto público bruto en pensiones se mantiene en el 14,6% del PIB de media en el periodo 2022-2050, tras incorporar los datos ya observados de PIB y de gasto en pensiones correspondientes a 2024 y 2025. Paralelamente, las medidas de ingresos se revisan al alza hasta el 1,6% del PIB de promedio entre 2022 y 2050.
La AIReF también mantiene sin cambios las conclusiones sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo incluidas en el informe de 2025. En este sentido, remarca que el cumplimiento formal de la regla de gasto no implica que desaparezcan las presiones sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas.
Por otra parte, la AIReF reitera que la regla de gasto presenta problemas de diseño, al basarse en una “visión parcial” de la sostenibilidad que se centra únicamente en el nivel de gasto en pensiones sobre el PIB y en una definición “imprecisa” de las medidas de ingresos.
Asimismo, advierte de que su referencia a las previsiones del Informe de Envejecimiento de la Comisión Europea impide incorporar la información más reciente sobre la evolución del sistema público de pensiones y de la economía en general y, además, critica que “no encaja en el nuevo marco fiscal europeo”. Por estos motivos, la institución propone revisar en profundidad la regla de gasto.
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