El eurodiputado y líder del partido 'Se Acabó la Fiesta' (SALF), Luis ‘Alvise’ Pérez, está citado este lunes para declarar voluntariamente ante el Tribunal Supremo dentro de una investigación por presuntos delitos de acoso y revelación de datos personales presentados por dos eurodiputados.
La citación se produce tras la decisión de Alvise de acudir voluntariamente ante el magistrado instructor, Manuel Marchena. Esta opción se planteó antes de que se iniciaran los trámites para solicitar al Parlamento Europeo la retirada de su inmunidad parlamentaria. El Supremo admitió la querella en junio, y hace pocos días los dos eurodiputados que han denunciado a Alvise, Diego Solier y Nora Junco, confirmaron formalmente sus acusaciones ante el alto tribunal.
Acusaciones contra Alvise
La investigación por la que declarará este lunes Alvise forma parte de un conjunto de procedimientos penales abiertos en el Tribunal Supremo. Este se suma a otras tres causas contra el eurodiputado: una analiza la difusión de una supuesta prueba PCR falsa del entonces ministro de Sanidad y actual presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa; otra investiga un posible hostigamiento en redes sociales hacia la fiscal coordinadora de delitos de odio, Susana Gisbert; y la tercera se centra en una presunta financiación irregular de 'Se Acabó la Fiesta' tras recibir 100.000 euros del empresario Álvaro Romillo, conocido como ‘CryptoSpain’.
La causa por presunto acoso se origina en la denuncia presentada por Diego Solier y Nora Junco, quienes formaron parte en 2024 de la candidatura europea de Se Acabó la Fiesta (SALF). Tras su ruptura con el proyecto político de Alvise Pérez, ambos abandonaron el partido y se incorporaron al grupo parlamentario de Conservadores y Reformistas Europeos, liderado por Hermanos de Italia, la formación de la primera ministra Giorgia Meloni.
En su querella, los eurodiputados aseguran que fueron víctimas de una campaña de hostigamiento por parte de Alvise, quien difundió mensajes en su pódcast y canal de Telegram, incluyendo datos personales y de localización. Tras la filtración de sus correos electrónicos, números de teléfono y perfiles en redes sociales, comenzaron a recibir amenazas y mensajes ofensivos, lo que les obligó a cerrar cuentas, limitar comentarios y dejar de atender llamadas de números desconocidos.
La declaración de Alvise ante el Supremo permitirá al magistrado recabar su versión de los hechos antes de avanzar en el procedimiento, mientras continúa la investigación sobre las otras causas abiertas en su contra.
