Carlos Mur de Víu, exdirector general de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid, ha declarado este lunes como investigado ante el Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid por los protocolos aplicados en residencias durante la primera ola de la pandemia de COVID‑19.
Durante su declaración, Mur negó haber sido el responsable de la elaboración de los protocolos y atribuyó la autoría a otros altos cargos de la Consejería de Sanidad de Isabel Díaz Ayuso que estuvieron en la época, mencionando específicamente al entonces consejero Enrique Ruiz Escudero y a la actual consejera, Ana Dávila, viceconsejera por aquel entonces.
En su intervención por videoconferencia desde Andorra, Mur explicó que su función se limitó a remitir los protocolos ya elaborados a Dávila. Asimismo, subrayó que fue Ruiz Escudero quien autorizó la creación de los "geriatras de enlace", profesionales encargados de las derivaciones hospitalarias desde las residencias. Según los abogados de la acusación, esta es la primera vez que un investigado señala de manera directa la implicación de la cúpula de la Consejería en la validación de estas directrices.
Mur defendió además que los protocolos no eran de cumplimiento obligatorio y afirmó que las decisiones sobre la derivación de residentes a hospitales dependían principalmente de criterios técnicos y de la capacidad de cada centro. Reconoció, sin embargo, la falta de personal sanitario en muchas residencias impidió que se pudieran aplicar correctamente los criterios establecidos en los momentos más críticos de la primera ola.
Familiares de algunos fallecidos y asociaciones como Marea de Residencias y la plataforma 7.291: Verdad y Justicia han exigido que se investigue de manera exhaustiva a todos los responsables, tanto técnicos como políticos, y que se descubra si las decisiones adoptadas contribuyeron a pérdidas que se podrían haber evitado.
La causa sigue abierta y la Justicia continúa evaluando si ampliar las imputaciones a otros altos cargos que participaron en la gestión sociosanitaria de la Comunidad de Madrid durante la primera fase de la pandemia. La declaración de Mur supone un paso más allá para descubrir la cadena de responsabilidades detrás de los protocolosven las residencias de mayores.
