Francina Armengol ha convocado para el 18 de noviembre, a las 9:00 horas, una nueva reunión de la Diputación Permanente del Congreso para votar siete decretos ley del Gobierno y volver a medir la mayoría en un Congreso ya disuelto.
La presidenta de la Cámara, la socialista Francina Armengol, reunirá al único órgano parlamentario que sigue activo tras la disolución de las Cortes para decidir si esos textos, que entraron en vigor al publicarse en el BOE, quedan convalidados o son derogados dentro del plazo de 30 días que fija la legislación.
Una aritmética partida que vuelve a dejar al PNV en el centro
La validación corresponde ahora a la Diputación Permanente, que sustituye al Pleno durante el periodo electoral, y en ese foro el Gobierno y sus socios pueden sacar adelante los decretos sin necesidad de Junts. El órgano cuenta con 69 miembros: PSOE, Sumar, ERC, Bildu y Podemos, a través del Grupo Mixto, suman 34 votos; PP, Vox y Junts reúnen otros 34, de modo que el voto del PNV vuelve a ser decisivo para alcanzar la mayoría de 35.
Este jueves ya se votaron los dos decretos sobre vivienda. Uno salió adelante gracias al apoyo del PNV, pero el otro fue derogado cuando los nacionalistas vascos se alinearon con PP, Vox y Junts.
Ceuta, la DANA y Urda abren una sesión cargada de urgencias
El orden del día, según Europa Press, arranca con el decreto de medidas urgentes de apoyo financiero a Ceuta tras la entrada masiva de inmigrantes de finales de julio. El texto prevé subvenciones directas por 45,32 millones de euros para financiar actuaciones derivadas de aquella crisis.
También se someterá a votación el decreto de respuesta a los daños causados por las inundaciones y otros sucesos ocurridos entre el 17 y el 19 de octubre de 2026 por la DANA Adam. Ese paquete incluye medidas agrarias, reparación de daños hidráulicos y actuaciones en la zona marítimo-terrestre, además de apoyos para el comercio, el turismo y la hostelería.
La Diputación Permanente revisará asimismo los dos decretos ley aprobados tras la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo): uno de ayudas a las víctimas y otro de refuerzo de la seguridad operacional en el transporte ferroviario y de protección social para el personal del sector. El primero fija indemnizaciones por fallecimiento y lesiones de entre 2.404 y 84.141 euros y añade medidas de protección de consumidores, incluida la limitación de precios abusivos en situaciones de emergencia.
El segundo modifica la regulación de los tiempos de conducción de trenes, los coeficientes reductores de la edad de jubilación de determinadas categorías ferroviarias y la supervisión de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, tal y como explicó en la sesión anterior el ya exministro de Transportes Óscar Puente.
Los decretos sociales entran en la recta final de la precampaña
El Gobierno llevará además tres decretos sociales aprobados en las semanas previas al inicio de la campaña electoral del 29 de noviembre. Uno amplía la acción protectora de la Seguridad Social e incorpora el trastorno menopáusico y las lesiones derivadas de la violencia de género como supuestos de incapacidad temporal.
Ese mismo texto también cambia las prestaciones por cuidado de menores con enfermedades graves, los requisitos de acceso a la pensión de viudedad para parejas de hecho con hijos en común y las pensiones de orfandad en casos de violencia contra la mujer. Otro decreto fija medidas para el reconocimiento y protección de las familias monoparentales, con una categoría especial para determinados supuestos, y amplía la cobertura de los anticipos del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos.
El último decreto previsto en la sesión desarrolla la reforma del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y fija cuantías mensuales mínimas de protección de 90 euros para la dependencia moderada, 260 euros para la severa y 660 euros para la gran dependencia, además de regular suplementos de crédito para financiar el nivel acordado de protección en 2027.
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