Un auto de 85 folios que ha desatado el terremoto político en España. El magistrado de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, sitúa al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como supuesto máximo responsable de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" destinada a "la obtención de beneficios económicos.
Así se recoge en la resolución en la que el juez instructor le convoca a comparecer en calidad de investigado el próximo 2 de junio, resolución de la que ha informado la propia Audiencia Nacional.
En el escrito, Calama sostiene que las pesquisas han permitido acreditar indicios de "una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada y liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables".
"Intermediación e influencias"
De acuerdo con el juez Calama, esa presunta red tendría como objetivo "la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra", la aerolínea que fue auxiliada con fondos públicos por el Gobierno durante la crisis sanitaria.
El instructor del procedimiento detalla que, para ello, se habrían articulado sociedades pantalla, se habría recurrido a documentación simulada y se habrían empleado circuitos financieros opacos "para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado".
Calama subraya igualmente que la supuesta influencia no se habría orientado a lograr un trato genérico o una expectativa abierta, sino a obtener una decisión administrativa concreta: la autorización y el pago de la ayuda pública solicitada por Plus Ultra con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia.
En su opinión, la sucesión de reuniones, contactos y comunicaciones, incluido el presunto acceso anticipado a información reservada sobre la inminente concesión de la ayuda, revelaría que el entramado actuó con la finalidad específica de incidir en la resolución del órgano competente.
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