El pleno del Tribunal Constitucional tiene previsto declarar inconstitucional y nulo el acuerdo de la Mesa y del pleno de la Asamblea de Madrid que permitió tramitar por lectura única la ley impulsada por Isabel Díaz Ayuso para reformar Telemadrid. Sin embargo, esta decisión no afectará al contenido ni a la vigencia de la ley, como ya ha adelantado la 'Cadena SER'.
La ponencia, elaborada por el presidente del tribunal, Cándido Conde-Pumpido, concluye que el procedimiento elegido vulneró los derechos fundamentales de los diputados al limitar su capacidad de debate y de presentación de enmiendas. El recurso sostenía que la utilización de la lectura única —un mecanismo excepcional que acorta los plazos y suprime fases del trámite parlamentario— impidió a los grupos ejercer plenamente su función representativa.
Este borrador considera que la Mesa de la Asamblea no justificó de forma suficiente la urgencia ni la simplicidad de la norma, requisitos necesarios para continuar con este procedimiento. Por ello, declara nulos los acuerdos que permitieron esa tramitación. No obstante, al haberse recurrido únicamente la vía empleada y no el contenido de la reforma, la ley de Telemadrid seguirá en vigor.
Reforma bajo controversia
La reforma de Telemadrid fue la primera ley que impulsó el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso después de ganar las elecciones autonómicas de 2021. La presidenta defendió entonces el cambio asegurando que la cadena pública costaba “casi dos Zendales por legislatura”, en referencia al hospital Isabel Zendal. Sin embargo, las cuentas propias de la cadena reflejaban que el ejercicio anterior se había cerrado con un superávit de 4,61 millones de euros y que la audiencia había crecido cerca de un 25%.
La reforma permitió cesar a la dirección existente y modificar el sistema de control de la radiotelevisión pública madrileña, reforzando la capacidad del Ejecutivo regional para influir en su gestión. Como nuevo director general fue nombrado José Antonio Sánchez, quien en 2018 reconoció ante la comisión mixta del Congreso y el Senado, durante la investigación sobre los papeles de Bárcenas, que figuraba en la contabilidad B del Partido Popular como receptor de 1.100.000 pesetas en negro en los años 1994 y 1995.
