La Comisión Europea ha reiterado este viernes que la inyección de 53 millones de euros concedida a la aerolínea Plus Ultra se ajustó al marco europeo de ayudas de Estado y pudo ejecutarse sin necesidad de recabar su autorización previa, por lo que valida su legalidad.
Cabe recordar que el importe del rescate no superaba el umbral mínimo que obliga a notificar la operación a Bruselas para un análisis caso por caso, pero también que el respaldo se articuló mediante un fondo de recapitalización que ya había sido validado con anterioridad por los servicios jurídicos comunitarios.
En el marco temporal de ayudas que el Ejecutivo comunitario activó para respaldar a las empresas más afectadas por la crisis derivada de la pandemia de coronavirus, “sólo las decisiones de ayuda superiores a 250 millones de euros, destinadas a la recapitalización o al apoyo a la solvencia de empresas específicas, debían ser notificadas a la Comisión para su evaluación individual”, ha recordado a la agencia Europa Press el portavoz comunitario de Competencia, Ricardo Cardoso.
De este modo, el apoyo público a Plus Ultra quedó fuera de los expedientes que debían someterse al examen individualizado de Bruselas, “por lo que la Comisión no lo examinó individualmente”, ha puntualizado Cardoso.
El portavoz comunitario ha subrayado además que el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), el instrumento a través del que se canalizó la ayuda a la aerolínea, sí había sido avalado por la Comisión el año anterior a la concesión del rescate.
El PP busca 'agitar el avispero'
Todo después de que la delegación del Partido Popular en el Parlamento Europeo haya solicitado a la Comisión que vuelva a examinar las condiciones en las que el Gobierno español aprobó el rescate de 53 millones de euros a Plus Ultra, después de que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero haya sido imputado como presunto líder de una supuesta red de tráfico de influencias.
En una pregunta registrada en la Eurocámara, la eurodiputada del PP y vicepresidenta del grupo PPE, Dolors Montserrat, reclama al Ejecutivo comunitario que aclare “si se utilizaron instrumentos europeos para beneficiar políticamente a una aerolínea vinculada al entorno del régimen chavista” y si se infringieron principios básicos del Derecho de la Unión como la transparencia, la igualdad de trato, la buena administración y el control adecuado de las ayudas públicas.
Asimismo, Montserrat advierte de que “la Unión Europea no puede permitir que mecanismos excepcionales creados para proteger empresas y empleos acaben beneficiando a particulares y alimentando redes de influencia construidas alrededor de intereses políticos, opacidad y utilización indebida de recursos públicos”.
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