“Siempre hay un plan B”. Con esa frase resume hoy la Moncloa la derrota parlamentaria sufrida ayer por el Gobierno. Tras dejar pasar unas horas para señalar a quienes votaron en contra —Junts, PP y VOX— e intentar librar la única batalla aún abierta, la del relato, el Ejecutivo se enfrenta ahora a la pregunta decisiva: ¿y ahora qué?
Con mayor o menor vehemencia, según el ala del Gobierno consultada, en el Ejecutivo coinciden en una idea: hay que blindar la prórroga de los alquileres. La discrepancia aparece en el siguiente escalón, el verdaderamente relevante en política: cómo hacerlo.
Lo que el Gobierno descarta, al menos de forma inmediata, es volver a registrar otro Real Decreto-ley idéntico al rechazado. En la Moncloa interpretan que “el Parlamento le dijo al Gobierno que no tiene mayorías suficientes”, una lectura que mezcla realismo numérico y advertencia política. Repetir la misma fórmula sin cambios supondría exponerse a una segunda derrota y agrandar la imagen de debilidad parlamentaria.
Sin embargo, la vía del decreto no desaparece del todo del tablero. El artículo 86 de la Constitución permite al Gobierno aprobar Reales Decretos-leyes en casos de “extraordinaria y urgente necesidad”, una herramienta pensada precisamente para responder con rapidez a situaciones que no pueden esperar la tramitación ordinaria de una ley. Y en el Ejecutivo son conscientes de que el acceso a la vivienda y la protección de miles de inquilinos encajan políticamente en ese marco de urgencia social.
La clave, por tanto, no sería jurídica sino aritmética: el problema no es tanto si puede aprobarse otro decreto, sino si después lograría convalidarse en el Congreso. Ahí reside el verdadero bloqueo.
Los socios presionan para que el Gobierno mueva ficha
Los aliados progresistas del Ejecutivo en el Congreso coinciden en la necesidad de actuar, aunque difieren en el diagnóstico y en la presión pública que conviene ejercer.
EH Bildu considera que “lo importante es que esas medidas puedan ponerse en marcha cuanto antes”. Añaden que “el Gobierno tiene diferentes instrumentos para volver a plantearlas y buscar la fórmula adecuada”. En la formación vasca entienden que se trata de una cuestión urgente y de extrema necesidad para miles de familias y esperan que “el Gobierno trabaje lo necesario para poder hacer realidad una medida de justicia como esta”.
Desde Podemos, sin embargo, el tono es más severo. Su líder, Ione Belarra, comparte la urgencia, pero ofrece una lectura mucho más pesimista: “lo van a dejar morir”, resume en referencia al decreto tumbado en la Cámara. El mensaje encierra una doble crítica: al PSOE por falta de ambición y a Sumar por incapacidad para forzar al socio mayoritario.
ERC, por su parte, vuelve a cargar contra Junts tras el áspero choque vivido en el hemiciclo. Los republicanos sostienen que “putearon por intereses particulares a tres millones de personas, a medio millón de catalanes, así que que expliquen por qué, que el Gobierno lo presente constantemente hasta que se cansen o la gente les pase por encima”.
El portavoz republicano también ha criticado este jueves la escasa implicación del PSOE en las negociaciones previas para garantizar que el texto prosperara. Una acusación que apunta al corazón del problema: no basta con señalar a quienes votan no; también cuenta cómo se llega a la votación.
Una derrota con lectura estratégica
Lo sucedido vuelve a retratar la fragilidad estructural de la legislatura. El Gobierno impulsa medidas de perfil social que cohesionan a su bloque ideológico, pero se topa después con una aritmética parlamentaria donde cada voto exige cesiones, negociación milimétrica y costes políticos crecientes.
En otras palabras: la izquierda mantiene iniciativa programática, pero la derecha y los socios periféricos conservan capacidad de bloqueo. Esa es hoy la verdadera ecuación de poder en Madrid. Y también la razón por la que, más allá del ruido, la Moncloa busca ya ese “plan B”.
