No hay optimismo en el Gobierno respecto a la guerra en Irán —me lo ha confesado esta semana el propio ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares—, pero el mensaje que seguirá trasladando La Moncloa “es de tranquilidad”, porque insisten en que “el país está mejor preparado”.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene previsto comparecer el próximo día 25 de marzo en el Congreso —así lo solicitó él mismo—, pero las circunstancias le van a obligar a adelantar la evaluación política del conflicto una semana.
Este próximo miércoles la Cámara Baja acogerá la primera sesión de control al Gobierno desde el inicio de la guerra, el pasado 28 de febrero, cuando se produjo la intervención militar conjunta de EE. UU. e Israel con bombardeos sobre Irán. Ese —así como las consecuencias económicas que ya perciben los ciudadanos al acudir al surtidor, por ejemplo— será el asunto que marcará la sesión.
Hace apenas unas semanas el conflicto no figuraba en el guion político. Pero en La Moncloa saben que deberán afrontar esta cuestión en múltiples frentes —algo que, por otra parte, ya vienen haciendo—: desde la toma de decisiones concretas para frenar la onda expansiva que ya toca el bolsillo de los ciudadanos, hasta el frente político que construye la oposición del Partido Popular, pasando por las exigencias de los socios parlamentarios.
El foco estará puesto especialmente en la figura del presidente Sánchez, así como en la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Mientras tanto, las agendas ministeriales impedirán la presencia de algunos ministros en la sesión, como el titular de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, o la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Frente común en el Congreso: todos preguntarán por las consecuencias de la guerra
Desde el Partido Popular hasta socios parlamentarios estables como el PNV o EH Bildu: el Ejecutivo tendrá que responder a varias preguntas específicas relacionadas con la guerra.
Mientras el PP ha registrado una interpelación urgente para que la vicepresidenta María Jesús Montero explique las consecuencias que el conflicto puede tener para “las familias y las empresas”, otras formaciones como Podemos pedirán explicaciones sobre medidas concretas para hacer efectivo el lema de “no a la guerra”, así como sobre “quién pagará esta vez las consecuencias de la guerra ilegal en Irán y Oriente Medio”, según las preguntas registradas por las formaciones vascas.
El Partido Popular ya registró además una proposición no de ley en el Congreso y una moción en el Senado en las que incorpora las medidas que plantea la oposición para hacer frente a los efectos económicos del conflicto. Con ellas pretenden, aseguran, “tomar la iniciativa” ante lo que consideran una falta de respuesta del Gobierno de Sánchez.
A la espera del primer paquete de medidas
Los socios de Gobierno —que no comparten del todo los tiempos— se han dado un margen para aprobar el grueso de las medidas que, según el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, el Ejecutivo está ultimando.
Sumar habría preferido dar un paso al frente y activar ya algunas de las posibles recetas, pero el PSOE aboga por la cautela.
El día antes de la sesión de control al Gobierno, el martes, se celebrará la reunión semanal del Ejecutivo. Aunque no se descarta que puedan anunciar alguna medida encaminada a mitigar los efectos en los sectores más afectados —el transporte o la ganadería, por ejemplo—, el núcleo del paquete quedará previsiblemente pospuesto para más allá del próximo Consejo de Ministros.
Sin olvidar algo fundamental: sea cuando sea que se aprueben, esas medidas deberán pasar por el Congreso para ser convalidadas por una mayoría parlamentaria que, en este momento, el Gobierno no tiene garantizada.
En el Ejecutivo esgrimen varias razones. Por un lado, consideran que, a pesar del rápido incremento del precio de los carburantes, la situación no es equiparable al estallido de la guerra en Ucrania en 2022. Confían en que los precios de la energía puedan dar una tregua y esperarán además a que el Consejo Europeo reúna los próximos días 19 y 20 a los mandatarios europeos, que abordarán esta cuestión de forma conjunta.
Apunte final.
La prudencia en política puede ser una virtud. Pero cuando los efectos de una guerra empiezan a sentirse en la economía cotidiana, la prudencia no puede convertirse en coartada para la inacción. Si el Gobierno considera que debe actuar, que actúe. Que legisle. Y que proteja a quienes siempre pagan primero las consecuencias: los ciudadanos.
