“Que la justicia haga justicia”. Es la escueta respuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde China, y la misma línea que hoy trasladan desde La Moncloa ante los periodistas.
El entorno del presidente evita hacer hipótesis de futuro, pero sí verbaliza un deseo claro: que “el juicio finalmente no se celebre”. La decisión queda ahora en manos de la Audiencia Provincial de Madrid, donde el Ejecutivo sitúa el siguiente punto clave del proceso.
En el Gobierno rehúyen hablar de preocupación, aunque en privado algunos diputados socialistas sí admiten el desgaste que las decisiones del juez Juan Carlos Peinado están provocando. Una tensión que se ha trasladado a las últimas horas en el frente político, con reacciones contundentes de varios ministros de peso como Félix Bolaños u Óscar Puente, también visibles en la sesión de control al Gobierno.
“Voy a denunciar cualquier injusticia que vea”, respondía Bolaños a la portavoz del PP, Ester Muñoz, quien acusó al ministro de ser “el único titular de Justicia de la Unión Europea que ataca al máximo poder judicial” y lo comparó con el modelo del primer ministro húngaro, Viktor Orbán. Bolaños replicó que “criticar una resolución judicial o denunciar irregularidades de un juez no afecta a la independencia judicial”.
Sin traspaso de líneas rojas ni escenario electoral
La Moncloa reivindica el “uso de la libertad de expresión” frente a un Partido Popular que considera que el procesamiento de la esposa del presidente sitúa al Gobierno en una posición insostenible.
En el Ejecutivo sostienen que “ningún delito está sustentado en pruebas” y confían en que el desarrollo del proceso termine por reconducir la situación. Además, creen que su electorado interpreta el caso como parte de una persecución política contra Sánchez y su entorno, lo que les lleva a descartar, al menos por ahora, un impacto electoral significativo.
El presidente mantiene intacta su hoja de ruta: agotar la legislatura hasta 2027. En La Moncloa insisten en que el calendario político no se ve alterado por el procedimiento judicial. En todo caso, desde el análisis político se asume una máxima no escrita: ningún Gobierno anuncia un adelanto electoral hasta que la decisión está tomada. Es decir, la estabilidad se proclama… hasta que deja de serlo.
Un proceso judicial que marca los tiempos políticos
El juez Juan Carlos Peinado ha dado por concluida la fase de instrucción al tiempo que ha solicitado nuevas diligencias, una decisión que genera dudas jurídicas y que podría ser corregida por instancias superiores.
Además, ha concedido cinco días a las acusaciones para solicitar la apertura de juicio oral y presentar sus escritos, dejando a Begoña Gómez a un paso del banquillo.
El próximo movimiento clave llegará desde la Audiencia Provincial de Madrid, que deberá pronunciarse sobre los siguientes pasos del procedimiento. Todo apunta a que, de celebrarse, el juicio no tendría lugar este año y podría recaer en un jurado popular.
El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, Joaquín Urías, considera que es “difícil calcular cuándo se celebrará el juicio”, aunque ve “complicado que sea este año”. A su juicio, “jurídicamente el caso es muy endeble”, basado en “presunciones más que en una instrucción sólida”: “el juez deduce, pero no aporta pruebas concluyentes”.
Poderes en tensión
La línea divisoria entre los poderes judicial, ejecutivo y legislativo vuelve a tensionarse. El cierre de la instrucción por parte de Peinado condiciona el marco político en el que el Gobierno intenta moverse.
A la espera de las próximas decisiones judiciales, el equipo de Sánchez se prepara para mantener la confrontación política. En el horizonte, además, pesa el precedente reciente de decisiones judiciales como el caso del exfiscal Álvaro García Ortiz que acabó teniendo consecuencias penales.
