El Partido Popular quiere dejar claro que, a su juicio, las políticas impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez tienen “fecha de caducidad”.
Aunque en Génova son conscientes de que ese cambio solo podrá materializarse si alcanzan La Moncloa, el mensaje que trasladan es que, hasta entonces, mantendrán una oposición “sin tregua”, tanto desde el Congreso como en el debate público, con el objetivo de confrontar las principales decisiones del Ejecutivo y empezar a perfilar el modelo que pretenden aplicar si llegan al Gobierno.
La última muestra de esa estrategia la protagonizó este martes Alberto Núñez Feijóo durante un encuentro con el Círculo de Empresarios Vascos, en Bilbao, donde situó el absentismo laboral como uno de los problemas que España debe afrontar. La ofensiva ha continuado este miércoles con una batería de iniciativas parlamentarias en el Congreso centradas en el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes impulsado por el Gobierno, que ha registrado 1,2 millones de solicitudes.
Feijóo calificó el absentismo laboral de “cáncer” y defendió —mezclando conceptos— que debe reducirse “con o sin acuerdo sindical”. El líder del PP cuestionó además que un trabajador “cobre lo mismo y tenga las mismas prestaciones cuando va a trabajar que cuando no lo hace”.
Ofensiva parlamentaria contra “las trampas”
El empleo no es el único terreno en el que los populares quieren marcar distancias con el Ejecutivo. La inmigración se ha convertido en uno de los principales frentes de oposición, en el que el PP ha endurecido su discurso hasta aproximarse a postulados defendidos por VOX.
“¿Están intentando nacionalizar socialistas?”, planteó hace unos días la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al volver a sembrar dudas sobre un supuesto fraude electoral de cara a las elecciones de 2027. En la misma línea, Feijóo acusó al Gobierno de querer “fabricar dos millones y medio de votantes” mediante la Ley de Memoria Democrática —en vigor desde octubre de 2022 y sin relación con el proceso de regularización— y alimentó la idea de una supuesta “ingeniería electoral”.
Ese discurso coincide con algunos de los mensajes que VOX viene utilizando sobre inmigración. El líder de la formación, Santiago Abascal, ha sostenido que “la regularización masiva traerá inseguridad, colapso y la pagarán los españoles”, mientras el PP centra ahora parte de su ofensiva en denunciar un supuesto uso electoral del proceso y en cuestionar sus efectos sobre los servicios públicos, la seguridad o la capacidad administrativa del Estado.
En ese contexto, el Grupo Popular ha registrado una amplia ofensiva parlamentaria con la que pretende fiscalizar el proceso extraordinario de regularización impulsado por el Ejecutivo y exigir un cambio de rumbo en la política migratoria para que “el Gobierno cumpla sin trampas el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo y explique en qué estudios, informes o evaluaciones se basó para aprobar su proceso de regularización masiva”.
El PP ha registrado una batería de 22 preguntas parlamentarias para conocer el impacto real del proceso de regularización.
Los populares sostienen que la medida ha estado marcada “por la improvisación, la falta de planificación y el colapso de numerosas oficinas encargadas de tramitar las solicitudes”. Reclaman información sobre el número de expedientes presentados y resueltos, su distribución territorial, el perfil de los beneficiarios y las consecuencias que puede tener sobre servicios públicos como la vivienda, los servicios sociales o la escolarización.
También preguntan por los recursos extraordinarios movilizados para gestionar el proceso y por los posibles casos detectados de fraude documental o de solicitantes con antecedentes penales o policiales.
La ofensiva parlamentaria se completa con la solicitud de comparecencia en el Congreso del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. El Grupo Popular quiere que ambos expliquen la planificación del proceso de regularización y sus efectos sobre los servicios públicos, la red consular, el sistema de protección internacional y la seguridad nacional.
Con iniciativas como esta, la dirección nacional del PP busca reforzar la idea de que no limitará su papel a ejercer el control parlamentario sobre el Gobierno, sino que utilizará cada debate para presentar una alternativa propia. La estrategia pasa por confrontar con el Ejecutivo en cuestiones como la inmigración, el empleo o la gestión económica, insistiendo en que esas políticas cambiarán de forma sustancial si Alberto Núñez Feijóo consigue llegar a La Moncloa.
El Gobierno sale en tromba contra Feijóo
Tanto La Moncloa como Ferraz han coincidido en su argumentario para responder a las palabras del líder del PP sobre el absentismo laboral y al rumbo político que plantea para una eventual llegada al Gobierno.
Desde el Ministerio de Trabajo, que dirige Yolanda Díaz, critican que Feijóo se alinee con el discurso que, a su juicio, viene defendiendo la patronal desde hace años y recuerdan que se trata de “derechos” que ya están “afortunadamente protegidos” por el Estatuto de los Trabajadores.
Desde el cuartel general de los socialistas sostienen que Alberto Núñez Feijóo “deja entrever un poco más cuál es su verdadero proyecto para España” y subrayan la “falta de moderación” de quien aspira a gobernar el país.
Fuentes de Génova aseguran no entender las críticas del Gobierno, aunque consideran “normal que al Ejecutivo no le guste lo que decimos” porque, insisten, “estamos aquí para cambiarles”.
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