La crisis diplomática entre España e Italia ha escalado hasta convertirse en un choque directo con la imposición recíproca de controles fronterizos. Fuentes de varios ministerios del Ejecutivo español confirman que este no es el escenario que habrían deseado, pero, ante la falta de avances para que el Gobierno de Giorgia Meloni diera un paso atrás, “había que dar una respuesta”.
Los episodios migratorios —premeditados o no— se asocian con interés político a la inseguridad, la delincuencia y, en definitiva, al caos que pueden introducir en una Europa donde el peso de los gobiernos reaccionarios es cada vez mayor. Un escenario que, además, puede terminar ofreciendo incentivos para que otros gobiernos respondan con medidas similares ante cualquier episodio migratorio que afecte a sus fronteras.
El 31 de julio, el Palacio Chigi suspendió temporalmente el Acuerdo de Schengen para los vuelos y barcos procedentes de España, exponiendo motivos de “seguridad nacional”.
La primera advertencia a aquel movimiento la lanzó el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares: “Invitamos al Gobierno italiano a que rectifique de aquí al próximo domingo”, sentenció el ministro.
Roma replicó que no aceptaría “ultimátums” y que los controles se mantendrían al menos hasta el 15 de agosto, fecha en la que, según el Gobierno italiano, Madrid “prevé una nueva oleada migratoria” en Ceuta.
Con el diálogo entre ambos gobiernos en punto muerto, el Boletín Oficial del Estado (BOE) formaliza ahora la orden que extiende la respuesta española a los ciudadanos italianos.
Bajo la firma del Ministerio del Interior, se ha acordado restablecer de manera temporal los controles en las fronteras interiores de puertos y aeropuertos para los viajeros procedentes de Italia ante “la presión migratoria en la ruta del Mediterráneo central”.
La respuesta al otro lado del Mediterráneo no se ha hecho esperar. El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, considera la decisión de España de suspender también el régimen de libre circulación de Schengen “incomprensible y totalmente inaceptable”.
Las primeras críticas y bulos por el choque diplomático
La oposición en Italia no tardó en acusar a la primera ministra Meloni de provocar una crisis diplomática “sin fundamento” con España. Desde esta parte de la frontera, el Partido Popular también ha criticado la actuación del Gobierno. La portavoz nacional, Ester Muñoz, aseguraba a través de las redes sociales que “nos gobierna gente con las mismas reacciones de un niño de tres años”.
El primer bulo —nunca fallan en este tipo de situaciones— ha llegado de la mano de Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrileña asegura en X: “Dejamos entrar a más 70.000 personas ilegalmente solo por Ceuta y prohibimos la entrada a los italianos, país hermano que invierte y aporta a España”.
Una afirmación que parte de una premisa falsa: España no ha prohibido la entrada de ciudadanos italianos. Lo que se han restablecido son controles temporales en las fronteras interiores para los viajeros procedentes de Italia.
Primeras horas de control fronterizo
Estos controles fronterizos, que de momento agravan la crisis diplomática y tensionan el proyecto común europeo, comenzaron a aplicarse el pasado sábado en los aeropuertos y puertos a los vuelos de pasajeros cuyo último aeropuerto de salida antes de su llegada a territorio español se encuentre situado en Italia. También afectan a buques, transbordadores y demás servicios de transporte marítimo de pasajeros con puerto italiano de origen.
El Gobierno ha explicado que dichos controles fronterizos se restablecerán durante un periodo de treinta días naturales y estarán vigentes hasta el 7 de septiembre.
Durante la primera jornada de aplicación de los controles, el Ejecutivo informó de que practicó controles fronterizos a 199 pasajeros de terceros países procedentes de Italia en los pasajes de 12 vuelos.
El problema trasciende ya el intercambio de reproches entre Madrid y Roma. La disputa coloca sobre la mesa una cuestión más profunda: hasta qué punto la migración puede convertirse en un argumento para tensionar dentro de la propia Unión Europea uno de sus principios fundamentales, la libre circulación.
España e Italia comparten frontera política dentro de Schengen, pero también comparten una posición especialmente expuesta ante las rutas migratorias del Mediterráneo. Que dos gobiernos de la misma Unión Europea respondan a un episodio migratorio levantando controles entre ellos evidencia hasta qué punto la gestión de la inmigración está dejando de ser únicamente una cuestión de política interna para convertirse también en un factor de conflicto entre socios comunitarios.
Por ahora, el BOE deja fijada una respuesta de treinta días. La diplomacia mantiene, al menos formalmente, la puerta abierta. El riesgo es que una crisis que comenzó en torno a la migración termine alimentando precisamente aquello que pretendían evitar ambos gobiernos: una fractura mayor dentro del espacio europeo.
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