“El Partido Popular siempre cumple la ley, en esta ocasión, también”. Es la afirmación más categórica realizada por los populares en plena crisis política por la entrada masiva de hasta 70.000 personas en Ceuta la semana pasada. La firma el vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo.
Mientras el Gobierno, a través del Ministerio de Juventud e Infancia, ha informado en las últimas horas de que más de un centenar de menores están siendo atendidos y han pasado su primera noche en un colegio de la ciudad autónoma, la crisis política continúa abierta.
Los populares han ido modulando su posición. En función del territorio al que se preguntaba en las últimas horas sobre la acogida de los menores —gobiernan en 12 de las 17 comunidades autónomas— se mostraban más o menos favorables al cumplimiento de la Ley de Extranjería, que en su artículo 35, relativo a los menores extranjeros no acompañados, contempla la situación de “contingencia migratoria extraordinaria” cuando los sistemas de acogida de un territorio superan tres veces su capacidad ordinaria. Es el caso de Ceuta.
El propio secretario general del PP, Miguel Tellado, afirmaba esta semana que “ha entrado una avalancha de casi 80.000 personas a la ciudad autónoma y el Gobierno es responsable de que, por donde han entrado, vuelvan a salir”. Unas declaraciones en las que no hacía referencia a la situación de los menores, protegidos por la legislación vigente y cuyo reparto el partido asegura ahora que cumplirá.
"Cero interlocución" con el Gobierno
Así define la dirección nacional del PP la relación con el Gobierno. Una situación que, en realidad, no supone ninguna novedad. Los episodios de confrontación han sido constantes durante toda la legislatura y, a día de hoy, un acercamiento entre ambas partes parece descartado.
La falta de entendimiento tampoco es nueva en los órganos de coordinación entre administraciones. Durante 2025 y también en 2026, varias convocatorias de la Conferencia Sectorial de Inmigración no pudieron celebrarse por falta de quórum después de que varias comunidades autónomas gobernadas por el PP no acudieran a la reunión convocada por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. El Ejecutivo denunció entonces un boicot institucional que, a su juicio, impedía coordinar la respuesta entre administraciones.
Sin canales de diálogo abiertos, los populares insisten en que seguirán “dando la batalla” porque consideran que el responsable de esta última crisis migratoria es Pedro Sánchez, según reiteran fuentes de la dirección del partido.
“Haremos lo que está en nuestra mano para que se den todas las explicaciones por parte del Gobierno”, añaden. En paralelo, la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha llevado este asunto a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, presidida por el eurodiputado popular Javier Zarzalejos, para abordar el debate sobre la gestión de las fronteras exteriores de la Unión Europea.
Mientras tanto, el Grupo Popular en el Congreso ha registrado la solicitud de convocatoria urgente de la Diputación Permanente para que comparezcan los ministros de Interior, Defensa, Exteriores y Presidencia. Además, reclama la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que acusa de “desentenderse de la crisis mientras disfruta de sus vacaciones”, una actitud que califica de “insultante” para la ciudadanía.
Moncloa no contempla la comparecencia de Sánchez
Por el momento, el Gobierno no prevé que Pedro Sánchez comparezca de forma extraordinaria, como reclama el PP. La actividad parlamentaria ordinaria no se reanudará hasta septiembre y “esa sigue siendo la hoja de ruta”, señalan fuentes de La Moncloa.
La Mesa del Congreso todavía no ha fijado la fecha, aunque para finales de agosto está prevista la reunión de la Diputación Permanente, el órgano que sustituye al Pleno durante los periodos inhábiles.
Mientras tanto, el Ejecutivo insiste en que la situación en Ceuta evoluciona con “normalidad” y asegura que continúa trabajando para atender a los menores protegidos por la ley.
En ese contexto, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, hacía en las últimas horas un llamamiento a evitar un conflicto judicial con las comunidades autónomas gobernadas por el PP ante una eventual negativa a acoger a menores procedentes de Ceuta. Una posición que atribuyó al temor de los gobiernos populares a poner en riesgo sus acuerdos con Vox.
Con el diálogo político completamente roto y sin visos de reanudarse a corto plazo, la gestión de la crisis migratoria se traslada ahora al terreno parlamentario e institucional, donde Gobierno y oposición mantienen estrategias completamente enfrentadas y sin espacios de negociación.
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