En política, cuando el margen de maniobra se estrecha, cada movimiento cuenta el doble. Y eso es exactamente lo que está haciendo Sumar en esta fase final de la legislatura: convertir cada votación relevante en una herramienta de presión estratégica sobre el PSOE y, de paso, sobre el conjunto del tablero parlamentario.
La negativa de los ministros del ala minoritaria del Gobierno a participar en la reunión del Consejo de Ministros del viernes no fue un gesto improvisado. Formaba parte de una estrategia en plena recomposición de su espacio político. “Lo teníamos claro, estaba decidido y estamos satisfechos con el resultado”, confirman fuentes de Sumar.
Y vaya si lo estaba.
Si se retrocede al miércoles, tras la sesión de control, se encuentra una escena que hoy cobra sentido: el cruce en los pasillos del Congreso entre la ministra de Sanidad, Mónica García, y el ministro de Justicia, Félix Bolaños. Fue un momento aparentemente menor, pero revelador.
Mientras Bolaños respondía sobre si el decreto incorporaría las demandas de Sumar en materia de vivienda y protección a los inquilinos, García —que pasaba justo por detrás— le interrumpía con una seguridad poco habitual: “Sí, seguro”.
Y así fue.
La estrategia tiene varias capas. Por un lado, endurecer las negociaciones en materias clave —sociales, laborales y de justicia fiscal— para arrancar “concesiones concretas y más ambiciosas”, según el entorno de Yolanda Díaz. Por otro, construir un relato propio que permita a Sumar diferenciarse del PSOE sin abandonar el Ejecutivo.
Es una política de equilibrio: gobernar y competir al mismo tiempo. O, dicho de otra forma, sobrevivir dentro sin desaparecer fuera.
Aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trató de rebajar el pulso calificándolo de “salseo” y enmarcándolo en “la política del diálogo”, en Moncloa sí han asumido que deben abrir espacio a las reivindicaciones de su socio. De ahí el doble decreto, que por ahora funciona más como gesto político que como solución estructural.
Ofensiva triangular para aprobar los decretos
Sánchez es un confeso amante del baloncesto. Y quizá le convenga aplicar alguna de sus lógicas al partido decisivo que se juega este jueves en el Congreso.
El Boletín Oficial del Estado ya recoge los dos reales decretos que deberán ser convalidados —en fechas distintas— por la Cámara Baja. En el Gobierno dan por hecho que el principal, el valorado en 5.000 millones de euros —que incluye rebajas fiscales como la reducción del IVA energético— saldrá adelante. Pero la aritmética parlamentaria vuelve a poner prudencia sobre la mesa: ni todos los socios han confirmado su apoyo ni el PP ha movido ficha.
En ese contexto, la Moncloa parece obligada a jugar una especie de “ofensiva triangular”: más que una jugada cerrada, un sistema de lectura constante donde ningún actor monopoliza el protagonismo y todos deben implicarse para alcanzar el objetivo.
El segundo decreto, impulsado por Sumar —que congela contratos en riesgo y fija topes del 2% a las actualizaciones— ya está en vigor, pero ni siquiera tiene fecha para su convalidación. Y ahí el escenario se complica aún más.
Las dudas del PNV, el rechazo anunciado de Junts y la oposición frontal de PP y VOX dibujan, de entrada, un saldo negativo. El Gobierno vuelve a depender de una negociación voto a voto, decreto a decreto.
Nueva excusa para demorar los presupuestos
Sánchez ha reiterado en múltiples ocasiones su intención de “sudar la camiseta” para aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, la realidad es otra: el Ejecutivo ha desplazado el foco, una vez más, hacia la supervivencia inmediata, hacia esos 176 votos imprescindibles para salvar cada iniciativa.
El argumento ahora es la guerra y sus consecuencias económicas. La prioridad, dicen fuentes gubernamentales, es responder a la crisis.
Pero la pregunta de fondo sigue intacta: ¿puede un Gobierno sostener una legislatura entera a base de decretos sin presentar unas cuentas públicas?
Porque más allá de la urgencia, lo que ya se dibuja no es una estrategia, sino una renuncia. Y en política, cuando se renuncia a los Presupuestos, se renuncia también —aunque no se diga en voz alta— a una parte esencial del rumbo.
