El vicepresidente económico del Gobierno, Carlos Cuerpo, ha cargado contra el Partido Popular por sus críticas a la conocida como 'ley de nietos'. Durante un acto en el ICEX, ha acusado a los populares de lanzar declaraciones que "amedrentan" a los funcionarios encargados de tramitar las solicitudes de nacionalidad y ha advertido de que, a su juicio, "se están traspasando demasiadas líneas" y "deberían reflexionar".
Cuerpo ha defendido que la ley responde a una "deuda" del Estado con los hijos y nietos de quienes tuvieron que abandonar España tras la Guerra Civil. A su juicio, cuestionar la aplicación de esta norma también pone en duda el derecho reconocido a esas personas para acceder a la nacionalidad española. El ministro ha sostenido que ese tipo de declaraciones tienen, además, una segunda consecuencia. En su opinión, no solo afectan a quienes se acogen a esta ley, sino que también "cuestionan la legitimidad" de las elecciones y del sistema democrático.
Ante ello, Cuerpo ha insistido en reclamar al Partido Popular que rebaje el tono del debate y ha pedido que "no rebasen ciertos límites con tal de avanzar o de intentar tener ciertos cálos o argumentos electoralistas".
Ayuso en contra de la aplicación de la 'ley de nietos'
Las declaraciones del vicepresidente llegan días después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuestionara la aplicación de la conocida como 'ley de nietos' y advirtiera de que funcionarios y cónsules podrían estar incurriendo en una actuación "ilegal" si conceden la nacionalidad española a personas que, a su juicio, no cumplen los requisitos previstos en la norma.
Durante un desayuno coloquio organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección, la dirigente autonómica ha dirigido sus críticas al marco normativo vinculado a la Ley de Memoria Democrática, al afirmar que “no hay Ley de Nietos que oculte que España necesita reiniciarse”. Ayuso ha vinculado las regularizaciones masivas con lo que ha definido como un posible “efecto llamada” y ha advertido de consecuencias sobre los servicios públicos, al hablar de un eventual “colapso del sistema público” si continúan estas políticas.
La presidenta madrileña ha ampliado sus críticas al plano electoral, al afirmar que la tercera provincia en número de votos en futuras elecciones “será Argentina”, en referencia al voto exterior, y ha cuestionado la gestión del censo y su posible impacto en la representación parlamentaria. En esa línea, ha sostenido que cualquier utilización del sistema consular o administrativo para influir en el reparto de escaños sería “ilegal”, apuntando directamente al Gobierno en la gestión del sistema electoral. "El Gobierno no puede tener la facultad de asignar provincias de manera arbitraria según el recuento de voto, según donde le faltan los votos necesarios para obtener el siguiente escaño".
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