El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero está citado, el próximo 2 de junio, como imputado en la Audiencia Nacional por el rescate de Plus Ultra. Está siendo investigado por tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental. Actualmente, los investigadores de la UDEF están llevando a cabo registros, entre los que se encuentra su despacho y la sede de las empresas de sus hijas. La querella inicial la interpuso Manos Limpias basándose en un fragmento de la entrevista que el empresario Víctor de Aldama, acusado en distintas causas judiciales, concedió a Iker Jiménez en el programa Horizonte.
Según 'ElPlural.com' el entorno del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha negado que exista “ningún elemento” que lo vincule con un delito en el marco del conocido como caso Plus Ultra y ha cuestionado su citación como investigado en la Audiencia Nacional. Fuentes próximas al exdirigente socialista trasladan que existe “tristeza e indignación” ante una situación que consideran injusta y sin fundamento penal, al tiempo que insisten en que su actividad profesional ha sido siempre legal y ajena a las decisiones administrativas relacionadas con el rescate de la aerolínea.
En el entorno del expresidente interpretan su citación como una “cacería política y mediática”, vinculada, según sostienen, a su papel en el espacio progresista y a su relevancia en el actual escenario político. Añaden que el procedimiento está teniendo un impacto reputacional injusto en una fase aún inicial de la investigación. Las mismas fuentes subrayan que la condición de investigado no implica culpabilidad y recuerdan que se trata de una fase de instrucción en la que se deben esclarecer los hechos antes de decidir si la causa continúa o se archiva.
La investigación de la Audiencia Nacional se centra en el rescate aprobado durante la pandemia y en determinar si parte de los fondos pudo desviarse de su finalidad, así como en posibles operaciones vinculadas a una supuesta trama de blanqueo. El entorno de Zapatero insiste en que el expresidente no tuvo relación con la concesión del rescate y defiende que su actividad de asesoría en el pasado se realizó dentro de la legalidad, confiando en que el avance del procedimiento despeje cualquier duda sobre su papel en el caso, que en cualquier caso, ahora se encuentra en manos de la justicia.
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